Una aparente detención irregular se registró en la tarde del jueves en la capital del país. Según imágenes captadas por los testigos, la abogada Elvira Montanía fue tomada por la fuerza de manera brutal por parte de agentes uniformados, algunos de ellos vestidos de civil.

Según expuso el político y comunicador Leo Rubín, defensor de los derechos de los nativos, la abogada fue trasladada a la Comisaría 17 por orden de la fiscal Claudia Moris por “perturbación a la paz pública”, sin embargo, alegó que la razón real es haberse animado a defender a los indígenas.

“Este video muestra la brutalidad de la detención absolutamente irregular. De terror”, tuiteó el excandidato a vicepresidente.

ESPOSO RELATA BRUTAL OPERATIVO

José Benitez, esposo de Elvira Montanía, indicó que tras la manifestación de los indígenas, fue a buscar a su esposa en su móvil, cuando en un semáforo fueron interceptados por una camioneta con hombres armados y vestidos de civil.

“Me apuntaron y me obligaron a parar el vehículo y le quitaron del pelo a mi señora. Ninguno de los intervinientes se identificó, al contrario, me dijeron burlonamente que mire el acta, si quería saber sus nombres. Me dijeron: no te metas que vas a comer plomo, esto es por meterse con indígenas sucios que vienen a pedir cosas. No te metas que esto viene de arriba”, relató.

En charla con la 650 AM, señaló que trató de perseguir a los policías, pero que fue imposible seguirles la marcha por la velocidad en que salieron del sitio tras lograr aprehender a la mujer.

Luego supo del paradero de su esposa: estaba en Investigación de Delitos. Allí, según contó, la encontró golpeada y maltrecha, pero no pudo conversar con la misma. De ese sitio la trasladaron a la Comisaría 12 de Mujeres.

Indicó que está llevando a una abogada para saber qué pasará con Elvira. “Nada no sabemos de ella, solo a una defensora le permitirán entrar junto a ella, nos dijeron que es la única manera”, puntualizó.

“PEDÍAMOS AUXILIO”

A su vez, la abogada Norma Álvarez, de la Comisión de Mujeres Indígenas del Chaco, remarcó en conversación con radio Monumental que estaba presente en el momento del procedimiento, al cual calificó de haber sido completamente irregular. “Nosotras gritábamos muchísimo, pedíamos auxilio. No pensamos que íbamos a pasar por esto a estas alturas“, rememoró.

La ciudadana aseguró que desconocen detalles del caso y que ahora se reunirán en asamblea para poder solicitar informes.

“Ella es nuestra abogada desde que nosotros comenzamos a reclamar nuestros derechos. No manejo muy bien la información pero me dicen que está detenida en la Comisaría de Mujeres”, indicó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.