La Fiscalía anunció hoy la imputación de dos mujeres por presunta transgresión de la Ley de Protección y Bienestar Animal, tres días después de que las imágenes de “Tyson”, el nombre del perro, se difundieran en redes sociales y en los medios locales y provocaran comentarios de indignación.

Esa grabación le ha servido al Ministerio Público como prueba audiovisual para la imputación, considerada “histórica” por Sonia Cáceres, de la ONG S.O.S. Mascotas, al tratarse de la primera vez que se va a la vía penal en el país suramericano en un caso de maltrato animal.

“El caso de ‘Tyson’ va a ser emblemático. Hoy se ha hecho historia en Paraguay”, indicó a Efe Cáceres.

En el vídeo se observa al perro amarrado con una cuerda a la parte trasera de una camioneta que arranca y le arrastra por la calle ante la presencia de varios vecinos, del distrito de Yrybucuá (norte).

El perro fue encontrado muerto el sábado en el distrito de Yrybucuá, en el norteño departamento de San Pedro, y horas después se había convertido en bandera de los grupos por la protección animal.

Las dos imputadas son la madre y la abuela de una menor que supuestamente fue mordida por el perro, al que se llevaron por la fuerza de la vivienda de la propietaria del can.

Según la carpeta fiscal, ambas ingresaron en esa vivienda instando a la propietaria a que sacrificara al perro, para luego llevarlo amarrado hasta donde estaba aparcada su camioneta, que al parecer fue conducida por la madre de la niña.

Cáceres alegó que no existe hasta el momento ningún parte médico que verifique la existencia de la mordedura, si bien se confirmó que la niña tenía un “rasguño”.

El supuesto ataque del perro sucedió en un velorio en el que estaban la niña y sus familiares y, según explicó Cáceres, la pequeña estiró del rabo al animal y este realizó un movimiento reflejo hacia la menor, pero no precisó si le mordió.

Las asociaciones animalistas aplaudieron la reacción tomada hoy por la Fiscalía de imputar a los supuestos autores de los hechos, aunque criticaron que sea necesario grabar este tipo de atrocidades para conseguir judicializar el caso.

“Es una pena que tenga que ser por un vídeo”, agregó Cáceres, que subrayó que el caso acaba de empezar y la investigación se puede demorar todavía por un mínimo de tres meses.

La Ley de Protección y Bienestar Animal establecía hasta mayo de 2017 como una infracción “muy grave” los “actos de crueldad de los que resulte la muerte de un animal”.

También “el abandono de los animales” con sanción administrativa de 1.500 jornales mínimos, lo que supondría algo más de 2.000 dólares.

Sin embargo, la modificación a la ley aprobada por el poder Legislativo en esa fecha agregó a esas infracciones “muy graves” la posibilidad de que sean penadas con hasta dos años de prisión.

Esa posible condena es lo que algunos ciudadanos han pedido en la página web internacional Change.org, donde se solicita “Justicia para ‘Tyson'” y la condena de la conductora que lo arrastró atado a su vehículo, propuesta que hasta ahora recogió 68.076 firmas de apoyo.

“Pedimos que se haga justicia y se condene a esta señora y sus cómplices, conforme a la ley”, afirma la denuncia en la página web.

El Ministerio Público dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para las dos mujeres como la prohibición de salir del país y la obligación de asistir mensualmente ante el juzgado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.