Por Jorge Torres Romero | La Nación

En fecha 8 de agosto del 2011 la Admi­nistración Nacio­nal de Navegación y Puer­tos (ANNP), presidida en ese entonces por el abogado Vidal Francia Zaracho, durante el gobierno de Fernando Lugo, firmó un contrato de arren­damiento y operación comer­cial de las instalaciones gra­neleras y silos de la terminal portuaria de Concepción – Puerto Nuevo con la firma agroganadera Sanja Pytã SA, representada en dicho acto por su apoderado general Lic. Eduardo Raúl Vierci Bertón, sobrino del empresario Anto­nio J. Vierci.

El acuerdo tenía inicialmente un plazo de cinco años, prorroga­bles, y en los 30 primeros meses de vigencia la empresa debía abonar a la ANNP la suma de US$ 10.000 mensuales. Este monto, considerado irrisorio para el volumen de operacio­nes que se podrían realizar en un puerto de estas caracterís­ticas, fue establecido porque en una de las cláusulas del contrato la agroganadera Sanja Pytã SA se comprometía a realizar inver­siones y mejoras en la terminal.

En efecto, en la cláusula 12ª la arrendataria obligaba a reali­zar reparaciones de urgencia conforme al relevamiento de la gerencia de Obras Portua­rias de la ANNP. El contrato especificaba que las repa­raciones a ser efectuadas debían ser realizadas para dejar la terminal granelera en condiciones de operación segura, identificando los tra­bajos necesarios con una inversión total que ascendía a la suma de G. 1.149.663.694.

Asimismo, la empresa de Vierci se comprometía a la conservación y manteni­miento preventivo periódico de las instalaciones, maqui­narias, equipos y accesorios o partes de las mismas que forman parte del sistema operacional de la terminal granelera.

INCUMPLIMIENTO

Sin embargo, un informe de la Auditoría Interna de la ANNP, de fecha 21 de enero del 2014, detectó serias irregularida­des e incumplimientos con­tractuales por parte de la firma arrendataria, entre los que se encuentra el hecho de que sub­arrendaba el establecimiento a otra empresa denominada Concrecal, en violación a la cláusula 5ª del acuerdo.

Además, se constató el estado de abandono y dete­rioro de los tanques de com­bustible, también la falta de mantenimiento de la infraestructura e instalacio­nes, maquinarias, equipos y accesorios que se encon­traban en estado deplorable.

En otro punto de su informe, la auditoría insta a verificar la inversión de G. 1.149 millo­nes a la que se había compro­metido Vierci, atendiendo al estado general de las insta­laciones en el momento de la fiscalización.

Resulta evidente que la empresa agroganadera Sanja Pytã SA nunca realizó las inversiones ni las mejoras que se había comprometido e incluso habría lucrado con el local, puesto que lo subarren­daba a otra firma comercial.

Según la auditoría, la empresa de Vierci ni siquiera abonaba los ser­vicios básicos, ya que la ANNP emitía cheques mensualmente en con­cepto de suministro de energía eléctrica.

OTRO SOBRINO DE VIERCI FUE EL ABOGADO

El abogado Santiago Martínez Vierci, también sobrino del empresario de medios, fue el representante legal de la agro­ganadera Sanja Pytã, firma que no quiso aceptar con condi­ciones la rescisión del contrato con la ANNP y por ello ini­ciaron un juicio ante el Tribunal de Cuentas.

Si bien la rescisión del contrato se firmó en el 2014, un año después recién la Administración de Puertos pudo desalojar del lugar a la agroganadera de la familia Vierci a través de una demanda de desalojo.

El juicio promovido por el representante legal de la agro­ganadera de Vierci tampoco prosperó, ya que el tribunal declaró su incompetencia para atender el juicio y ordenó que el caso se recurra en la instancia civil y comercial.

Interés de grupo empresarial genera oposición a nuevo plan

El empresario Antonio J. Vierci mueve toda su fuerza comunicacional para trun­car el nuevo proyecto de lo que será el puerto grane­lero en Concepción, donde la agroganadera Sanja Pytã, vinculada a su familia, rea­lizó negocios particulares sin generarle ganancias al Estado, como establecía el acuerdo comercial.

La nueva “operación de prensa” de los medios de Vierci confronta con las ansias de progresar de regiones enteras del Norte; el problema de los bitrenes, al igual que en el caso de los transportis­tas, sería solo un pretexto que esconde los poderosos intereses del empre­sario de supermercados y medios.

Los medios del Grupo Vierci están en plena campaña para boicotear el arren­damiento de la terminal a la firma Baden SA, que por medio de una alianza estratégica de inversión acordada con la ANNP rea­condicionaría la terminal portuaria para recibir un millón de toneladas de soja de la zona de Mato Grosso do Sul del Brasil, generando un tre­mendo potencial económico a los departamentos de Concepción y Amambay.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.