El hallazgo se produjo en marzo del 2014, luego de un trabajo de inteligencia de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), liderada por el enton­ces viceministro de Comercio del Ministerio de Industria, Pablo Cuevas.

El operativo se montó tras el vuelco de un camión de azú­car en Pedro Juan Caballero, desde donde se hizo un tra­bajo de seguimiento al car­gamento de azúcar presumi­blemente de contrabando y se llegó a un depósito en Itau­guá, donde se encontró más de 160 toneladas de azúcar de procedencia irregular.

Según los antecedentes publicados en los medios de prensa, el cargamento fue decomisado el 10 de marzo del 2014 de los depósitos de las firmas AJ SA y Retail SA, ubicados en Itauguá, por un equipo conformado por agentes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de Aduanas y de la Policía contra Delitos Eco­nómicos ante la presunción de contrabando.

Sin embargo, el 31 de octu­bre del mismo año, el admi­nistrador aduanero de capi­tal, Carlos Alfredo Medina, firmó la Resolución N° 263 por la cual sobreseyó a las firmas Retail SA y AJ SA del Grupo Vierci, y responsa­bilizó a otras cinco empre­sas por el ingreso de esa cantidad de edulcorante. No obstante, el ente cali­ficó el ingreso de la merca­dería como contrabando, pero responsabilizó a cinco empresas más pequeñas del hecho.

En el documento se deja cons­tancia de que la representa­ción fiscal pidió que la situa­ción de la carga sea declarada en infracción aduanera de contrabando y que todas las empresas involucradas sean responsables de haber par­ticipado en el ingreso de este cargamento, incluyendo a las firmas de A.J. Vierci.

Sin embargo, el administra­dor Medina justifica su reso­lución en dos puntos funda­mentales: el informe de la SET –en el que se habla de que las facturas son lega­les–, lo que les valdría a estas empresas para considerarlas como “compradora de buena fe” y un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justi­cia, de mayo de este año, en el que Aduanas perdió un caso –similar al planteado en esta causa– por supuesto contra­bando, que le significó una millonaria pérdida.

Según Medina, este docu­mento de la Corte deja un precedente peligroso, por lo que prefiere “resguardar” el patrimonio de la Direc­ción de Aduanas ante accio­nes y recursos judiciales que podrían plantearse.

Los antecedentes del caso indican además que el propio Instituto Nacional de Tecno­logía y Normalización (INTN) realizó en abril del 2014 un informe técnico sobre el azú­car incautado. En dicho estu­dio, se demostró que el pro­ducto no fue elaborado por ingenio paraguayo debido a que contenía sustancias que están prohibidas en su fabri­cación en nuestro país.

FÚSTER DECLARÓ QUE SE EXTRAVIÓ LA MERCADERÍA

Un año después de la incau­tación del cargamento de azúcar, en el 2015 el fis­cal Emilio Fúster declaró que se extravió la merca­dería de Vierci de los depó­sitos de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, se presume que fue revendida.

“2.826 bolsas de azúcar fueron incautadas en su oportunidad (…) tuvimos la noticia de que se estaba sacando el azúcar de este lugar y nos encontramos con esta situación de que prác­ticamente solo encontramos 298 bolsas”, informó el fiscal Emilio Fúster en comunica­ción con la 650 AM, el 23 de febrero del 2015.

El agente fiscal detalló que se inició una investigación para identificar a las perso­nas responsables de la desa­parición del cargamento.

Un documento de contenido falso firmado por supuestos funcionarios de la Dirección de Aduanas fue utilizado para “respaldar” la entrega del cargamento de azúcar de contrabando.

“Encontramos también documentos que supuesta­mente respaldan la entrega, que fueron firmados por supuestos funcionarios de Aduanas sin el consen­timiento del Ministerio Público, pero al consultar al área de recursos humanos de esa dependencia (corro­boraron que) no los registran como funcionarios. Dudamos de la veracidad y la autenti­cidad de estos documentos”, sentenció.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.