La Dra. Tania Samudio, titular del Programa Nacional de Control del Sida e ITS, (PRONASIDA), resaltó los progresos en el tratamiento del VIH en los últimos cinco años.

En ese sentido la profesional expuso que en el 2015 se tenían 5 mil personas en tratamiento, en el 2018 eran 7 mil y al 2023 se cuenta con más de 12 mil personas que se encuentran en tratamiento. 

“La descentralización en el tratamiento, así como las pruebas de diagnóstico a través de las pruebas rápidas, y continuar con la estrategia de las autopruebas, que fue puesta en marcha en el marco de un piloto que fue trabajado con la Fundación Vencer y con la organización Somos Gay, a quienes se les proveyó unas 1.500 autopruebas que fue muy bien aceptada. Ahora estamos en proceso de compra de más autopruebas y de esta manera trabajar con la comunidad en riesgo”, indicó.

Estos datos fueron expuestos durante el 1er. Simposio Nacional de VIH, declarado de interés institucional por el Ministerio de Salud Pública. La actividad fue realizada en el marco del 14º Congreso Paraguayo de Infectología y 6º Congreso Paraguayo de Microbiología.

El encuentro científico contó con la destacada participación de asesores de la OPS/OMS: el Dr. Omar Sued, asesor para el Tratamiento del VIH/Sida; y el Dr. Leandro Sereno, asesor en Prevención y Control de la Hepatitis.

Durante el simposio se presentó la situación actual del VIH en Paraguay, que estuvo a cargo de la Dra. Tania Samudio, titular del Programa Nacional de Control del Sida e ITS, (PRONASIDA), además se expuso sobre la Eliminación de la Transmisión Materno Infantil (ETMI) del VIH, tema desarrollado por la Dra. Patricia Ovelar, también del citado programa.

El encuentro tuvo un enfoque basado en los datos epidemiológicos a nivel país y sobre los trabajos que está llevando a cabo el PRONASIDA; entre los debates se habló de cómo se está realizando el proceso de descentralización en la atención a pacientes con VIH en las diferentes regiones sanitarias, el manejo de la detección precoz y la fase avanzada de la enfermedad, junto con las estrategias que están siendo implementadas en la detección y el tratamiento oportuno, avanzando de esta manera en la respuesta al VIH.

También se hizo referencia a un estudio de investigación de “Diagnóstico precoz de infecciones oportunistas”: tuberculosis, estreptoccocosis y la histoplasmosis, en el que está participando Paraguay junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.