Desde 1985, en Paraguay alrededor de 4000 personas murieron de Sida, que es la fase de la enfermedad que se puede evitar llegando a tiempo a un diagnóstico y tratamiento sin embargo, la falta de apropiación del tema VIH y Derechos Humanos sigue siendo una tarea pendiente de mejoramiento dentro del sistema sanitario porque el estigma y la discriminación ante un estado serológico positivo, persiste.

En el país, 4 de cada 7 detectados sigue el tratamiento correspondiente con los antirretrovirales, y la mitad de la población tratada puede llegara niveles indetectables del virus tras recibir tratamiento oportuno.

Según el informe final del Índice de Estigma en Personas que viven con VIH de la Fundación Vencer, el 73% de la población experimentó situaciones de estigma y discriminación en los últimos 12 meses, el 53% de mujeres con VIH pasó por situaciones de violencia en el mismo periodo.

En cuanto al Estigma Interno, el 85% pasó por sentimientos negativos en el último año debido a su condición de VIH y en cuanto al acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación y a los servicios de salud: 4 de cada 10 personas con VIH reportaron discriminación en estos ámbitos.

Existen personas que pese a conocer su estado serológico optan por no acudir a los servicios por sentimientos de vergüenza de que se conozca su estado; otros abandonaron su trabajo y sus estudios porque consideran que ya no sirven para nada.

Entre las principales violaciones a los Derechos Humanos hacia las personas que viven con VIH, se encuentran: la falta de confidencialidad en los servicios de salud, discriminación y estigma en centros educativos, servicios de salud y lugares de trabajo, utilización de términos discriminativos, solicitud obligatoria del Test de Elisa para acceder a un puesto laboral, despido de lugares de trabajo por el estado serológico de las personas, dar de baja a policías y militares por vivir con VIH y la omisión de auxilio y atención en algunos servicios de salud.

En cuanto a los avances se cuenta con la Ley Nº 3940/09 que establece los derechos, obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos producidos por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

También se cuenta con la resolución Nº 730/09 del Viceministerio de Justicia que prohíbe la exigencia del test de Elisa como admisión a un lugar de trabajo.

De 1.443 personas diagnosticadas con el VIH el año pasado, el 71% son varones y el 29% mujeres además de 392 casos de Sida, según datos de Pronasida. El 44% de las infecciones de VIH durante el 2017 se dieron en jóvenes de entre 15 y 24 años.

“Hay deudas históricas en las que el Estado aún no ha tenido avances significativos, vulnerando el goce pleno de los Derechos Humanos, ya que nos seguimos enfrentando a altísimos índices de estigma y discriminación que violentan nuestra posibilidad de vivir con calidad de vida, incluidos e integrados socialmente, y bajo criterios de justicia social”, afirmó Juan Cabral, de la Fundación Vencer en el acto de conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Se destacó los avances significativos en la Respuesta Nacional al VIH bajo la rectoría del PRONASIDA con un presupuesto destinado al MSP, con el aporte de la cooperación internacional y el trabajo de la sociedad civil organizada. Sin embargo, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven con VIH aún requiere de mayor inversión en salud y en derechos humanos.

“Exigimos al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, el diseño y aprobación de un presupuesto acorde a la necesidad de la población en el contexto de VIH: prevención, educación, atención, tratamiento, descentralización de servicios con enfoque de Derechos Humanos respetando la idiosincrasia, multiculturalidad e intergeneracionalidad, fortaleciendo la atención en los servicios de salud con calidad y calidez, eliminando las barreras de acceso socio-económicas y la discriminación”, agregó.

La exigencia además apunta a que desde el Estado se garanticen políticas públicas que aborden una educación integral de la sexualidad con enfoque de derechos como establece al Ley 3940/09.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.