Ricardo Estigarribia, intendente de Villa Elisa, recordó en contacto con la 650 AM que el 9 de julio sufrieron la quema de dos de sus recolectores de basura y el pasado sábado, cerca de las 3:00, se incendió la retro excavadora.

Ambos hechos, que ocurrieron en menos de un mes, preocupan a la comunidad de Villa Elisa ya que son maquinarias que venían realizando importantes trabajos.

Sobre la presunción de quién pudo haber sido el responsable, recordó que la empresa El Farol estaba encargada de la recolección de basura pero seis meses después de haber asumido su administración, ya en el 2011, se decidió rescindir el contrato por mal servicio.

El caso fue judicializado y desde hace un año y medio no hay respuestas sobre cómo va el caso. En paralelo, sostuvo que la Municipalidad realiza el trabajo de recolección de basura. Estigarribia mencionó que El Farol mantiene un monopolio en el Departamento Central, en cuanto a la recolección y disposición final de residuos.

Expresó que el corralón municipal tiene un circuito cerrado y que con ayuda de la cámara del sistema 911 se pudo identificar al vehículo que transportó a los “incendiarios” por lo que ya los estarían identificando.

Consultado sobre porqué es rentable el negocio de la basura, puso como ejemplo el caso de El Farol que declaraban como ingreso entre G. 100 y 150 millones de los cuales pagaban entre 5 y 10 por ciento el canon municipal por la concesión, que fue otorgada por 10 años. Consideró que el número declarado es inferior a lo que realmente se recauda porque en su administración empezaron a cobrar el canon de recolección y certificó que las sumas son superiores.

“En el contrato figuraba que tenían que hacer la recolección tres veces a la semana en cada barrio y había veces que pasaban en 15 días y la empresa cobraba lo que quería”, indicó. Agregó que la Municipalidad de Villa Elisa era el blanco de quejas por el mal servicio y que esa circunstancia derivó en el cese del contrato.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.