Una posible victoria del precandidato a la Intendencia de Asun­ción Daniel Centurión trae­ría buenas noticias para el ex ministro Juan Ernesto Villa­mayor, ya que todavía busca cobrar los G. 2.656 millones que le debe la Municipalidad de Asunción por la demanda que ganó Ivesur a la comuna en el 2016. Durante el proceso, Villamayor fungió de abogado de la firma española y todavía exige que el ente público le pague sus honorarios.

El letrado promovió la demanda junto con el ex procurador gene­ral de la República Sergio Cos­cia, quien también reclama el pago de sus honorarios por G. 1.328 millones, que sumados a los haberes de Villamayor lle­gan a G. 3.984 millones. Sería este el motivo por el cual el abo­gado se muestra tan interesado en la victoria de su amigo.

En este sentido, cabe recor­dar que recientemente a vuelta de sus vacaciones de dos meses en Miami lo pri­mero que hizo Villamayor fue ir a visitar a Centurión, quien era asesor político del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El pro­pio precandidato compar­tió la imagen de ambos con el siguiente mensaje: “Charla y tereré dominical”.

El argumento de justificación del ex jefe de Gabinete para cobrar la millonaria suma de dinero en su momento fue que el arbitraje que resolvió el caso fue absolutamente correcto. “Fue un arbitraje propuesto por la municipalidad, no por Ivesur”, había dicho. La comuna perdió el arbitraje y, en consecuencia, a los aboga­dos se les tiene que pagar los honorarios por su gestión, había sostenido Villamayor.

De acuerdo a los antecedentes del caso, la demanda de Ivesur en contra de la Municipalidad de Asunción viene del 2012, después de que la comuna capi­talina se negara a renovarle el contrato por cinco años para los servicios de inspección técnica vehicular (ITV), sin pasar por una licitación. Durante este tiempo, la firma española exigía una indem­nización de US$ 9 millones.

En el 2016, la demanda se incrementó y el monto solici­tado subió a US$ 12 millones en compensación por vehícu­los de contribuyentes asunce­nos que no pasaron por la ITV. Ivesur intentó dilatar el con­trato por el servicio hasta el 2023 sin pasar por un proceso de contrataciones públicas.

Ivesur había firmado su con­trato con la comuna durante la gestión de Martín Burt, pero empezó a trabajar en la administración de Evanhy de Gallegos en el 2008, cuando se inició el plazo de 10 años que figuraba en su contrato.

Como dato no menor, el largo tiempo en el que Villama­yor estuvo fuera del país no le valió para que la ciudadanía olvidara su turbia gestión, que estuvo plagada de escándalos y de denuncias de corrupción que terminaron por convertirlo en uno de los políticos más repro­chables del Paraguay. Durante su retorno al país Villamayor fue nuevamente escrachado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.