En el ítem 25 de la interpelación al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, figuraba la siguiente pregunta: ¿Cuántos aparatos de escuchas se compraron entre los años 2014 y 2019, especifique en qué año y cantidad, y cuál fue la inversión realizada por parte del Estado? Explique cuál es el procedimiento de compra de esta tecnología.

Antes que conteste la autoridad, la senadora Desirée Masi indicó que inicialmente incluyó ese planteamiento y que luego solicitó que sea excluido, pero que por error se mantuvo.

Villamayor prefirió contestar en esta sesión extraordinaria y no hacerlo en una sesión reservada, pese a tratarse de un tema muy delicado. “Nos conviene a todos los que pasamos por ese ministerio contar las cosas como realmente son”, lanzó. “El equipo, desde su instalación, es 100% verificable. Hoy se puede saber qué teléfono se interceptó y por orden de quién en el 2009. El registro está completo e inalterado. No existe ninguna posibilidad (que se use) para escuchas políticas o situaciones amorosas”, indicó en otro momento.

El Secretario de Estado detalló que el Ministerio del Interior cuenta con un centro de monitoreo de interceptación legal, que se instaló en el 2009 (sin citar que en esa época el ministro era Rafael Filizzola). “No existe ningún otro equipo, nunca más se compró otro, hay solamente uno, que es el que se instaló en el 2009. En ese año fue montado y puesto en funcionamiento.

En el 2014, conforme a lo revelado por Villamayor, se adquirió un dispositivo estratégico de interconexión para darle flexibilidad a dicho aparato e interconectarlo con los distintos operadores.

En el 2018, se actualizó y se amplió el centro, con el mismo equipo, pero con más unidades de escuchas. “Estamos hablando siempre del equipo que se instaló en el año 2009”, recalcó.

En el 2019, cinco años después de haberse instalado el aparato de escucha, se actualizó el mediador. Villamayor comparó lo realizado con la actualización que llega al teléfono para mejorar el dispositivo. “Estamos hablando de tecnología que deben ser actualizada, como un celular. Como lo instalado es de tecnología específica, debe realizarse la adquisición del mismo proveedor del sistema, entonces se hace por la vía de la excepción”, añadió.

La autoridad indicó que en todos los casos, se debe contar con una orden judicial y además debe estar enterada la operadora telefónica y llenar una planilla para el efecto. Si no se reúnen los requisitos, no se puede hacer el pinchazo telefónico, según remarcó.

El exsenador Rogelio Benítez había dicho en el pasado que dicha escucha telefónica fue adquirida en el marco de la acción del gobierno contra el secuestro del ganadero Fidel Zavala.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.