Villamayor reconoció que es necesario aumentar la inversión que se destina a las políticas antiviolencia en el fútbol paraguayo porque hace falta “sanear el deporte” en el país.

En ese sentido, pidió la colaboración tanto de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) como de los clubes de la Primera División para erradicar la violencia de los estadios.

Villamayor solicitó al presidente de la APF, Robert Harrison, la instalación de más dispositivos de vigilancia en los estadios y que se delimite los equipos que pueden competir en determinados campos, ya que “hay hinchadas que producen problemas”.

Harrison manifestó este martes, tras la reunión del Consejo Ejecutivo de la Asociación, su voluntad de acabar con la violencia y de llevar a cabo un trabajo conjunto con Fiscalía, Policía Nacional y los clubes para combatir a los barras bravas.

El ministro del Interior también agradeció la labor de algunos clubes como el Olimpia, que están ampliando su sistema de vigilancia para mejorar el sistema de identificación de las personas implicadas en altercados. “No pretendemos encontrar un culpable, sino una solución”, añadió Villamayor.

Además de las iniciativas policiales, el ministro también anunció un programa de concienciación social, en colaboración con la Oficina de la Primera Dama, que tiene como objetivo dar “tratamiento a este fenómeno” que en ocasiones se escapa de la “capacidad policial”.

“Si una persona decide ir a un partido de fútbol y se pone en la cintura una pistola debemos reconocer que algo no está bien y que no es solo un problema policial”, expresó Villamayor.

La Fiscalía paraguaya imputó este martes a 39 personas, de las cuales seis son menores de edad, por su supuesta participación en enfrentamientos violentos durante dos partidos de esta temporada.

Del total de imputados, 22 fueron identificados por las agresiones que registró la Policía Nacional en el encuentro entre Olimpia y Sportivo Luqueño del pasado domingo en el estadio Defensores del Chaco.

Los otros 17 lo son por el enfrentamiento durante la disputa de un amistoso entre el Cerro Porteño y el Atlético Tucumán argentino el pasado 16 de enero en el interior del estadio Pablo Rojas.

La Asociación Paraguaya de Fútbol y el Gobierno ya decidieron poner en marcha el año pasado una campaña especial para erradicar la violencia de los estadios, antes de que se disputara uno de los clásicos entre Olimpia y Cerro Porteño.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.