En junio de este año el fiscal adjunto Celso Sanabria por resolución de la Fiscalía General del Estado fue designado con la responsabilidad de gerenciar la única Unidad Fiscal Especializada de Lucha solamente contra el Abigeato y tiene a su cargo el gerenciamiento de 10 de los 17 departamentos en la región oriental.

“Desde la fiscalía general del Estado, su titular la Dra. Sandra Quiñonez a entendido la importancia de combatir este hecho, ahora incipiente en esta modalidad, para evitar que siga escalando tanto en cantidad como en violencia”, opinó el fiscal adjunto.

Resaltó la importancia de dejar de mirar al hecho punible de abigeato tan solo como al robo de un animal vacuno y empezar a verlo con los ribetes de algo más complejo y organizado. El producto derivado del faenamiento de ganado vacuno ilegal principalmente, aparte de ser un hecho punible atenta contra las bases mismas del estado al ser comercializada en negro, lo siguiente y no menos importante es la falta de control sanitario que atenta directamente contra la salud de la población entre otros,

“Estamos hablando de que últimamente se organizan grupos comandos para vaciar y esquilmar a los establecimientos ganaderos ya con camiones transportadores, atrás quedó el abigeato de pequeña o mediana escala, que tampoco ha desaparecido totalmente; ahora estamos ante la presencia de un crimen organizado para cometer el hecho punible y con una cadena de complicidades en su proyección”, añadió Sanabria.

También explicó que cuando se habla del hecho punible de abigeato, o incluso de la propiedad de animales de la producción pecuaria la Constitución Nacional y las leyes no hacen diferenciación entre grandes medianos o pequeños productores, sino en el perjuicio que esto significa en cada caso, por lo que aseguró que es deber del Ministerio Publico investigar con el mismo ímpetu todo tipo de hurtos de esta naturaleza.

Subrayó la necesidad de que todas las instituciones involucradas del área ya sea en el control de vehículos transportadores de ganado, guías, marcas y señales, etc. definitivamente asuman cada uno su rol tanto en las fiscalizaciones como en el combate de este hecho punible y evitar su desplazamiento irregular a distintas zonas del país. Esto sin descartar la importancia del buen gerenciamiento de los municipios, en cuanto al control estricto de sus propias mataderias, los permisos otorgados y la fiscalización de los locales de venta de productos cárnicos.

El representante del Ministerio Publico concluyo diciendo que la Republica del Paraguay es un País eminentemente Agrícola y Ganadero; que este tipo de postura tomada por la Fiscalía General del Estado debe tener el apoyo presupuestario suficiente para la cristalización de estas necesidades, sobre todo su sostenimiento y proyección a futuro. Para el efecto se necesita en forma urgente dotar a la Fiscalía de un Laboratorio de Genética Molecular solo para esta área (ADN Bovino), nuevos y mejores medios de transporte, capacitación permanente de los Agentes Fiscales, funcionarios y peritos de esta especialidad,

El fiscal adjunto Celso Sanabria asumió el 8 de junio de este año la Fiscalía Adjunta de la Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato para los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Cordillera, Central, Paraguarí, Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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Poco después de las 09:00 hs se tuvo conocimiento sobre una amenaza de bomba en el interior del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Luque.

La alerta fue reportada tras una llamada anónima realizada por una persona, quien dio aviso sobre la supuesta existencia de explosivos en el lugar.

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Tras ello, se dio aviso a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, quienes acudieron al sitio y activaron el protocolo de rigor. Seguidamente, se convocó a personal de la FOPE.

Siguiendo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de casos, se procedió a la evacuación de todos los funcionarios y visitantes que se encontraban en ese momento en la institución.

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A estas horas, explosivistas de la FOPE y canes entrenados se encuentran haciendo una minuciosa inspección en todas las dependencias del juzgado luqueño, a fin de descartar la presencia de cualquier artefacto.

Esta situación se da coincidentemente el mismo día en que procesados que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC) debían comparecer ante el juzgado para afrontar un juicio oral.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.