En junio de este año el fiscal adjunto Celso Sanabria por resolución de la Fiscalía General del Estado fue designado con la responsabilidad de gerenciar la única Unidad Fiscal Especializada de Lucha solamente contra el Abigeato y tiene a su cargo el gerenciamiento de 10 de los 17 departamentos en la región oriental.

“Desde la fiscalía general del Estado, su titular la Dra. Sandra Quiñonez a entendido la importancia de combatir este hecho, ahora incipiente en esta modalidad, para evitar que siga escalando tanto en cantidad como en violencia”, opinó el fiscal adjunto.

Resaltó la importancia de dejar de mirar al hecho punible de abigeato tan solo como al robo de un animal vacuno y empezar a verlo con los ribetes de algo más complejo y organizado. El producto derivado del faenamiento de ganado vacuno ilegal principalmente, aparte de ser un hecho punible atenta contra las bases mismas del estado al ser comercializada en negro, lo siguiente y no menos importante es la falta de control sanitario que atenta directamente contra la salud de la población entre otros,

“Estamos hablando de que últimamente se organizan grupos comandos para vaciar y esquilmar a los establecimientos ganaderos ya con camiones transportadores, atrás quedó el abigeato de pequeña o mediana escala, que tampoco ha desaparecido totalmente; ahora estamos ante la presencia de un crimen organizado para cometer el hecho punible y con una cadena de complicidades en su proyección”, añadió Sanabria.

También explicó que cuando se habla del hecho punible de abigeato, o incluso de la propiedad de animales de la producción pecuaria la Constitución Nacional y las leyes no hacen diferenciación entre grandes medianos o pequeños productores, sino en el perjuicio que esto significa en cada caso, por lo que aseguró que es deber del Ministerio Publico investigar con el mismo ímpetu todo tipo de hurtos de esta naturaleza.

Subrayó la necesidad de que todas las instituciones involucradas del área ya sea en el control de vehículos transportadores de ganado, guías, marcas y señales, etc. definitivamente asuman cada uno su rol tanto en las fiscalizaciones como en el combate de este hecho punible y evitar su desplazamiento irregular a distintas zonas del país. Esto sin descartar la importancia del buen gerenciamiento de los municipios, en cuanto al control estricto de sus propias mataderias, los permisos otorgados y la fiscalización de los locales de venta de productos cárnicos.

El representante del Ministerio Publico concluyo diciendo que la Republica del Paraguay es un País eminentemente Agrícola y Ganadero; que este tipo de postura tomada por la Fiscalía General del Estado debe tener el apoyo presupuestario suficiente para la cristalización de estas necesidades, sobre todo su sostenimiento y proyección a futuro. Para el efecto se necesita en forma urgente dotar a la Fiscalía de un Laboratorio de Genética Molecular solo para esta área (ADN Bovino), nuevos y mejores medios de transporte, capacitación permanente de los Agentes Fiscales, funcionarios y peritos de esta especialidad,

El fiscal adjunto Celso Sanabria asumió el 8 de junio de este año la Fiscalía Adjunta de la Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato para los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Cordillera, Central, Paraguarí, Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.