En lo que va de este año, la Contraloría remitió más de 50 formularios de reportes de indicios de hechos punibles respecto a las auditorías realizadas por la institu­ción a distintas municipali­dades del país en cuanto a la gestión del almuerzo esco­lar durante los años 2021 y 2022.

En el caso de Ciudad del Este, la comuna efec­tuó pagos a la firma pro­veedora FASV sin que la misma haya presentado los formularios de las per­sonas vinculadas al cum­plimiento del contrato de la identificación del per­sonal, de acuerdo con el reporte enviado al Minis­terio Público.

Así también, se detecta­ron inconsistencias en las informaciones obtenidas del personal de las empre­sas proveedoras en cuanto a la cantidad de empleados. Asimismo, la municipali­dad esteña efectuó pagos a proveedores sin que estos hayan presentado la docu­mentación exigida para el efecto. Además, existió la falta del control del muni­cipio respecto al cumpli­miento del requisito de pago de salario mínimo vigente por parte de la firma contratada.

Por otro lado, la Municipali­dad de San Joaquín, depar­tamento de Caaguazú, fue reportada por atraso, insu­ficiencia y falta de provisión de kits de alimentos durante el 2021; además, realizó un llamado por vía de la excep­ción y la proveedora adjudi­cada no proveyó los insumos adecuados, tales como uten­silios, elementos de aseo, entre otros.

El municipio de Minga Guazú tampoco cumplió con las formas y condicio­nes de pago al proveedor, no realizó el control de la entrega de los alimentos, y los alumnos de una escuela no recibieron el almuerzo durante el 2022 pese a que la entrega estaba compro­metida en un contrato.

La comuna de Iruña no remitió los formularios de información del per­sonal de la proveedora de almuerzo escolar FASV Import-Export, siendo esto un requisito estable­cido en el pliego de bases y condiciones.

Corpus Christi, de Canin­deyú, realizó pagos por alimentos escolares sin que exista la certeza en la entrega efectiva de los mis­mos, al no detallarse los insumos entregados en las notas de remisión dadas por el proveedor.

Yasy Cañy, de Canindeyú, realizó desembolsos por más de 400 millones de guaraníes sin solicitar documentación respalda­toria ni tampoco requi­rió a las entidades benefi­ciadas sus rendiciones de cuentas.

En tanto que, R.I. 3 Corra­les, de Caaguazú, está en la mira por la falta de control en la recepción de los kits alimentarios.

En cuanto a la fiscalización realizada por la Contralo­ría al MEC, también denun­ció ante la Fiscalía la impor­tante cantidad de sobrantes de alimentos pagados sin que se pueda corroborar la redistribución o el destino final de los mismos. En 12 instituciones educativas sobraron casi 2.000 racio­nes el año pasado.

En la escuela y colegio Gas­par Rodríguez de Francia se detectó que la cantidad de alimento entregado era mayor a la asistencia pre­sencial de los alumnos, como así también de la pla­nilla de retiro de los kits, lo cual da el indicio de un perjuicio patrimonial de G. 119.532.305.

Otro reporte de la Contra­loría expone además que entre los años 2021 y 2022, un total de 54 instituciones municipales no hicieron sus llamados de alimenta­ción escolar en la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP) por un importe total de adju­dicaciones de G. 19.250 millones.

Además, 24 municipios cuentan con un ID inexis­tente, según el portal de la DNCP y el portal de Datos Abiertos de la Contraloría, lo cual equivale a un total de adjudicaciones por G. 10.856 millones. Mientras que cinco municipalidades cuentan con un ID que no le corresponde, por un valor total de adjudicaciones por G. 1.698 millones.

Estos y otros reportes más deberán ser evaluados por el Ministerio Público, para determinar si amerita o no la apertura de una causa penal contra los munici­pios que habrían cometido las irregularidades detec­tadas por la Contraloría.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.