En charla con Radio Monumental, el Tte. Cnel. Víctor Urdapilleta, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, aseguró que la FTC no se atribuye el logro de la liberación del joven Franz Wiebe, sino más bien es “un logro de la familia que ha sabido resistir los 214 días de ausencia, de la colonia Río Verde que supo apoyar en forma solidaria a la familia, y de los paraguayos que pusieron su granito de arena para apoyar esta causa”.

“No nos arropamos con el éxito de la liberación, hacemos también un análisis de que en cierta forma hemos realizado un trabajo que ha permitido evitar hasta este momento que haya otro tipo de secuestros”, expresó.

Urdapilleta no descartó la posibilidad de que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) probablemente esté buscando cometer algún nuevo secuestro ya que con Franz Wiebe no se cumplió con el objetivo principal que era recaudar dinero.

Sobre este punto, indicó que gracias al dispositivo de seguridad adoptado desde el momento de la captura, probablemente no se ha concretado otro secuestro. Como potenciales víctimas señaló a la familia Galli y a otros ganaderos de la zona.

En cuanto a los resultados obtenidos hasta el momento por la FTC, cuestionados por gran parte de la ciudadanía, respondió: “El trabajo nuestro es metódico. El éxito de nuestras operaciones depende mucho de guardar las informaciones, eso muchas veces nos trae críticas ya que se ve como una inacción, sin embargo permanentemente estamos moviéndonos por la zona, estamos haciendo cobertura de diferentes índoles”.

Al ser consultado sobre por qué los militares no pueden ingresar en el bosque para enfrentar directamente a los integrantes de la banda criminal, el Tte. Cnel. Urdapilleta explicó que los miembros del EPP “no se desplazan solo en los bosques”.

A su vez, comentó que las circunstancias van variando de acuerdo al lugar donde se materializan los hechos delictivos. “A veces operan en asentamientos o en áreas boscosas, dependiendo de dónde van a cometer sus actos”, indicó.

En otro momento de la entrevista con la 1080 AM, destacó que para la Fuerza de Tarea Conjunta “lo más importante es traer paz al norte del país y no precisamente que la gente se sienta insegura”.

“Hay gente que no nos facilita el trabajo siendo que estamos para protegerlos, no sólo los estancieros sino también pobladores. En años anteriores se realizaron allanamientos y al final eso terminó con una denuncia, ya sea por violación de Derechos Humanos, sustracciones, etc”, dijo el vocero de la FTC.

Urdapilleta habló sobre aquellas personas que forman parte de la población de la zona y que cooperan activamente con el EPP, considerándolos como el brazo logístico de la banda criminal. “Se mimetizan en la población y les están proveyendo de toda la logística que necesitan para sostenerse y realizar sus atracos”, aseveró.

La estrategia planteada por la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona norte es siempre la misma y varía de acuerdo a la situación que se presenta, al enemigo, al terreno o la situación logística, expresó.

Por último, el Tte. Cnel. Urdapilleta resaltó que la críticas son válidas cuando son constructivas y si aportan algo a la solución del problema, ya que en ocasiones solo apuntan a desmeritar el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.