El retorno a las clases presenciales se dará en plena pandemia por lo que se debe considerar el impacto que tendrá en la familia atendiendo el nivel de riesgo de contagio del alumno y la zona donde acude a la escuela y si esta es muy poblada o no. No es lo mismo volver a una escuela de Asunción que a una ubicada en una compañía de Capi’ibary, ejemplifica la Doctora Alexandra Vuyk, psicóloga y asesora de Salud Pública.

“Se debe pensar primero cuál es el riesgo en la familia, a quiénes les tengo en casa y el contacto día a día con el niño o la niña. Porque no es lo mismo un niño o una niña que duerme con los abuelos que uno o una que ve a los abuelos cada dos semanas. Hay que evaluar el entorno”, afirmó en contacto con Monumental.

Indicó que no es lo mismo tener en casa a un abuelo de 88 años que a uno de 56 o más joven.

Otro punto que debe ser evaluarse es cómo les fue en las clases virtuales el año pasado tanto en lo emocional como en el aprendizaje. “Qué perdió ese niño, esa niña, porque a ninguna le pudo afectar de la misma forma porque no es lo mismo un niño que estuvo acompañado todo el día que uno que tiene una familia que salía todo el día a trabajar y no tuvo la posibilidad de sentarse a participar”, señaló.

Sobre la socialización, Vuyk indicó que muchas personas la consideran “un vyrorei” lo que no es así ya que a través de esto los niños y niñas aprenden las reglas de la vida y a solucionar sus conflictos y eso se pierde al no estar en forma presencial.

“Si le dejamos en casa necesitamos que puedan tener contacto. Hay gente que dice que antes no había guarderías pero antes se jugaba con los vecinos u otros niños, era otro tipo de socialización y es muy importante”, ejemplificó.

La profesional aclaró que no minimiza el riesgo que implica la exposición al virus y es por ello que cada familia debe evaluar el riesgo-beneficio porque la pandemia continuará.

“No es lo mismo el haberles dejado en casa el año pasado cuando no entendíamos el rol de los niños, hoy sabemos que no se contagian tan mal pero lo que hacen es contagiar al resto y es por eso que tenemos que ver lo que estamos teniendo en casa, ellos se están sacrificando por nosotros”, agregó.

Vuyk agregó que no porque se habiliten las clases presenciales la vuelta es una obligación.

“Esto significa que es mucho más riesgoso dejar todo cerrado obligatoriamente que el permitir la apertura para los que necesitan porque lo que estamos viendo es que la brecha de desigualdad está creciendo a pasos agigantados. No es lo mismo una profe que camina para entregar fotocopias para las tareas que un niño al que se le compró una tablet o una computadora o que tiene una profesora particular”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.