Una representación de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), encabezada por el eurodiputado y jefe de misión Señor Gabriel Mato, presentó este martes el informe final sobre las elecciones generales y departamentales del 30 de abril de 2023 que contiene un análisis pormenorizado de todo el proceso electoral.

En el informe, la misión ofrece también 20 recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales, basadas en los compromisos internacionales firmados por Paraguay.

Algunas de las recomendaciones:

– Aconsejan la revisión exhaustiva del marco jurídico electoral para abordar la ambigüedad e incoherencia de algunas disposiciones legales y adaptar la ley al nuevo sistema electoral y al uso de la tecnología electoral.

Hablan también sobre la posibilidad de establecer el mecanismo institucional independiente previsto en el proyecto de ley de 2023 de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Indican además que la administración electoral debería considerar la implementación de una campaña amplia y exhaustiva de educación de votantes.

Otra recomendación es la de revisar las condiciones del voto asistido para prohibir la ayuda de los apoderados y veedores de los partidos y de los miembros de las mesas receptoras de voto.

Informe final de la Misión de Observación de la UE.

Considerar la aprobación de una ley de observación electoral nacional que contenga los derechos y obligaciones de los observadores y promueva su participación en el proceso electoral, figura entre otra de las recomendaciones.

Mencionan también la necesidad de desarrollar una plataforma organizada y permanente de organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo la observación electoral.

Revisar el sistema de reclamaciones y recursos con el fin de proporcionar un remedio eficaz y oportuno a las partes perjudicadas, incluido el tipo de acción para la revisión/recurso judicial.

Uno de los puntos importantes del informe habla sobre el consejo de promover la participación igualitaria de las mujeres en la vida política y pública, es importante hacer efectivo el principio establecido por el artículo 48 de la Constitución.

Por otro lado, manifiestan realizar esfuerzos institucionales para alcanzar un registro civil de los pueblos indígenas más inclusivo que garantice la protección de los derechos de las personas indígenas y su participación en la vida pública y en los asuntos políticos.

La ministra del MOPC, Claudia Centurión, destacó la obra como clave para la conectividad de la región.

“Hoy comienza la nueva historia de María Antonia y de todo el departamento de Paraguarí, mucho más cerca, mucho más conectado”, afirmó la secretaria de Estado sobre esta obra, adjudicada al Consorcio Santa Lucía (Iniciativas Constructivas S.A. y DC Ingeniería S.A.).

El proyecto vial que abarcará 31,5 km corresponde al Lote 3 de la Licitación Pública Nacional N° 123/2024. El monto total del contrato asciende a G. 88.160.062.554 y será financiado con fondos locales.

La nueva infraestructura vial beneficiará a más de 15.000 pobladores de los distritos de María Antonia y Quyquyhó, así como a más de 260.000 habitantes del IX departamento, mejorando la conectividad y fomentando el desarrollo económico y social.

Con un plazo de ejecución de 24 meses, la nueva ruta promete mejorar el acceso y la comunicación entre ambas ciudades, optimizando el transporte, el comercio y la calidad de vida.

Además, se prevé un impacto positivo en la seguridad vial y la circulación de productos agrícolas de la región, sumado a la generación de mano de obra local que, se estima, rondará unos 300 empleos directos y otros 900 de manera indirecta.

La senadora Lizarella Valiente, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que este tipo de encuentros permite fortalecer las propuestas legislativas y garantizar que sean viables en la práctica. “Este proyecto de Ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, establece la obligatoriedad de conservar datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y otros delitos conexos”, señaló.

Durante el debate, se propuso modificar el título del proyecto para reflejar mejor la realidad actual, marcada por una era digital en la que las plataformas y redes sociales facilitan la comisión de diversos delitos, algunos ya tipificados en el Código Penal. “Buscamos ampliar el alcance de esta ley sin desviar su objetivo principal”, explicó la legisladora.

Asimismo, subrayó que la normativa pretende obligar a las empresas proveedoras de servicios a conservar los datos de tráfico durante seis meses, con el fin de facilitar el acceso a información clave en el inicio de investigaciones judiciales.

Finalmente, anunció que se recomendará la aprobación del proyecto con modificaciones consensuadas con todas las partes involucradas, incluyendo proveedores de internet y el Ministerio Público. “Esta ley será una herramienta fundamental para las investigaciones de hechos punibles”, concluyó.

Cabe mencionar que la reunión contó con la participación de representantes de empresas proveedoras de servicios de internet; la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, además de directores de las comisiones de Derechos Humanos y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud.

Ambas intervenciones buscan mejorar la capacidad vial y la seguridad en los accesos a la capital y en la conexión con la ciudad de Luque.

Uno de los principales avances consiste en la presentación de los resultados de los estudios de tráfico realizados y que abarcan la avenida General Elizardo Aquino desde el monumento de Las Residentas hasta la intersección con la avenida Ñu Guasú y la calle Leonismo Luqueño. También se incluyó un análisis detallado de las intersecciones de la ruta D025, abarcando los accesos al parque Ñu Guasú y la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, se completaron los estudios de campo de la D025, incluyendo los levantamientos topográficos y el conteo de tránsito. A su vez, se encuentran en desarrollo los estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, así como el diseño final de ingeniería.

En este diagnóstico se evaluaron las condiciones actuales de circulación en ambas vías, identificando los puntos críticos en ambas arterias. A partir de estos datos, se propusieron soluciones de intervención vial con el objetivo de mejorar la movilidad, optimizar la circulación y garantizar condiciones seguras para peatones y conductores.

La duplicación de la avenida General Elizardo Aquino abarcará 4,4 kilómetros, desde el monumento de Las Residentas hasta la intersección con la autopista Silvio Pettirossi. Entretanto, la ruta D025 será intervenida en un tramo de 6 kilómetros, incluyendo la adecuación de intersecciones clave y la construcción de mejoras para optimizar el tránsito en la zona.

El proyecto prevé la construcción de dos puentes, un viaducto y un intercambiador frente al acceso N.º 2 del parque Ñu Guasú. Estas mejoras permitirán agilizar el tránsito y aumentar la seguridad vial en esta zona clave del departamento Central.

La ruta D025 cuenta con una inversión de G. 167.063.677.052, mientras que la duplicación de la avenida General Aquino demandará G. 133.573.887.296. Ambas obras son financiadas por Itaipú Binacional a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Paraguay (FPTI-PY).