Una representación de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), encabezada por el eurodiputado y jefe de misión Señor Gabriel Mato, presentó este martes el informe final sobre las elecciones generales y departamentales del 30 de abril de 2023 que contiene un análisis pormenorizado de todo el proceso electoral.

En el informe, la misión ofrece también 20 recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales, basadas en los compromisos internacionales firmados por Paraguay.

Algunas de las recomendaciones:

– Aconsejan la revisión exhaustiva del marco jurídico electoral para abordar la ambigüedad e incoherencia de algunas disposiciones legales y adaptar la ley al nuevo sistema electoral y al uso de la tecnología electoral.

Hablan también sobre la posibilidad de establecer el mecanismo institucional independiente previsto en el proyecto de ley de 2023 de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Indican además que la administración electoral debería considerar la implementación de una campaña amplia y exhaustiva de educación de votantes.

Otra recomendación es la de revisar las condiciones del voto asistido para prohibir la ayuda de los apoderados y veedores de los partidos y de los miembros de las mesas receptoras de voto.

Informe final de la Misión de Observación de la UE.

Considerar la aprobación de una ley de observación electoral nacional que contenga los derechos y obligaciones de los observadores y promueva su participación en el proceso electoral, figura entre otra de las recomendaciones.

Mencionan también la necesidad de desarrollar una plataforma organizada y permanente de organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo la observación electoral.

Revisar el sistema de reclamaciones y recursos con el fin de proporcionar un remedio eficaz y oportuno a las partes perjudicadas, incluido el tipo de acción para la revisión/recurso judicial.

Uno de los puntos importantes del informe habla sobre el consejo de promover la participación igualitaria de las mujeres en la vida política y pública, es importante hacer efectivo el principio establecido por el artículo 48 de la Constitución.

Por otro lado, manifiestan realizar esfuerzos institucionales para alcanzar un registro civil de los pueblos indígenas más inclusivo que garantice la protección de los derechos de las personas indígenas y su participación en la vida pública y en los asuntos políticos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.