Las emisoras de tarjetas y los bancos consideraban que las tasas superiores al 30% eran normales para cubrir sus costos y el riesgo. Esto desencadenó en un endeudamiento masivo de la población de clase media-baja, ya que no podían pagar la totalidad de sus compras durante el mes, acumulando intereses.

“Eso que compraste como si fuera que lo hiciste con dinero, se convirtió en un crédito y se acumula. El saldo va subiendo hasta que te avisan que llegaste al límite”, explicó Herken. Esta problemática fue la que desencadenó la intervención del Gobierno para poder disminuir el nivel de endeudamiento.

De acuerdo con el economista, esta intervención fue muy brusca. Con la nueva ley, muchos tipos de tarjetas de crédito terminaron desapareciendo, como por ejemplo las de los supermercados y terminó llevando a las personas de ingresos bajos hacia la usura. “La gente que tenía tarjetas para los supermercados, dejó de usarlas y el movimiento cayó en casi US$ 100 millones. Esto afecta directamente a las empresas y en vez de ayudar a que se comprara a tasas más bajas, lo que hizo fue empujar hacia la informalidad”, expresó.

“Se ocuparon de castigar a los supuestos culpables, en este caso los bancos, por motivos políticos, pero al final los propios bancos dijeron ‘mirá, yo me puedo manejar sin esto y no me va mal’. Ahora se están dando cuenta de que fue un error y quieren levantar el tope”, puntualizó.

LAS OPINIONES EN CONTRA

Según los últimos datos, los bancos lograron aumentar sus ingresos en un 17% hasta octubre de este año. “Es perverso que el sector financiero pretenda aumentar las tasas de interés de las tarjetas de créditos”, escribió el senador Jorge Querey en su cuenta de Twitter.

Para la senadora Desirée Masi, levantar el tope a las tasas de intereses es abrirle nuevamente las puertas a la usura.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.