Vulneraron decreto al fraguar datos de personal de limpieza en IPS

Alberto “Pulpo” Palumbo, pro­veedor de limpieza y Vicente Bataglia, presidente de IPS

El Formulario de Identificación Personal que presentaron los proveedores de limpieza de la previsional y en el que figuran nombres de personas que nada tienen que ver con el servicio, es un documento clave en la ejecución del contrato. Fue incorporado por decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas, aprobado en el 2016 y compromete seriamente a la entidad convocante porque esta es la que debiera controlar la nómina de los asignados para el trabajo.

¿Qué es el For­mulario de Identifica­ción Personal (FIP) en el que el empresario amigo del vice­presidente, Alberto Palumbo, conocido como “Pulpo” por acaparar licitaciones, hizo figurar nombres de personas que nada tienen que ver con la prestación de servicios de lim­pieza en el Instituto de Previ­sión Social (IPS)?

El FIP es un documento incor­porado en las contratacio­nes de servicios a través del Decreto Nº 6.121/2016, por el cual se reglamenta el inciso K) del artículo 40 de la Ley 2051/2003 de Contratacio­nes Públicas. Es decir, es una declaración del personal de las empresas contratistas que está vinculado a un contrato pun­tual, en este caso al de IPS.

Decreto 6.121/2016 por el cual rige el FIP y FIS, el primero es la declaración del personal destinado para la prestación del servicio y el segundo es para registrar los trabajos realizados, por quién y dónde.

Esto significa que lo ocurrido en el IPS con la declaración de personal en prestación de servicio de limpieza es graví­simo, puesto que se detectaron nombres de funcionarios que no están en las empresas de los proveedores. Principalmente, trascendieron varios emplea­dos “mau” en nómina presen­tada por Potî S.A y Alberto Palumbo como firma uniper­sonal. Mientras que el otro adjudicado, Cevima SA, apa­rece con listado de personas jubiladas, con menos meses de aportes en el IPS que lo estable­cido en el contrato y también algunos funcionarios públi­cos, etc.

De forma clara, el inciso a) del artículo 2do. del Decreto Reglamentario señala que se presenta “el FIP, conforme con el formato y contenido previs­tos en el Anexo I, para regis­trar los datos de las personas físicas por medio de las cuales los proveedores y contratistas ejecutarán el contrato, respec­tivamente”. En otras palabras, es el listado de las personas que prestarán el servicio en deter­minada adjudicación.

Doña Miguelina Brítez era la cocinera de la familia Palumbo, pero aparece como personal de limpieza vinculado al contrato con IPS.

“Básicamente es decir estos son mis empleados que yo des­tino para este trabajo. Y en teo­ría lo que buscaba también el IPS era poder analizar si yo soy quien está prestando servicio en este mismo horario, en este mismo lugar, no puedo estar cumpliendo en otro lugar, no me puedo teletransportar”, sostuvo Liz Centurión, direc­tora de Gestiones y Capacita­ción de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en cuya área está el Registro de Proveedores.

“Este formulario de identifica­ción nace de la necesidad que se tenía de controlar quiénes son los empleados que están trabajando directamente en la ejecución de este contrato que tiene la empresa contra­tista. Porque muchas de estas empresas lo que hacen es decla­rar que tienen 5 empleados en IPS, pero al final tiene 5 contra­tos vigentes. Entonces lo que pasaba era que al sumar la tota­lidad de empleados que debe­rían estar cubriendo esos pues­tos en cada contrato sumaban 100, pero ellos figuraban como que estaban al día con sus apor­tes con el IPS porque pagaban por 5. La idea era cruzar esa información y ver quiénes son los empleados que están ahí y si están o no inscriptos en el IPS. Este decreto es del 2016 y lo que exige a la DNCP es disponibi­lizar un sistema que está vin­culado al contrato. Entonces lo que desarrollamos a nivel informático, como uno puede ver el historial de adjudicación del proveedor, es quiénes son los empleados de mi empresa que están trabajando, o sea esa es la finalidad para verifi­car la trazabilidad de la infor­mación”, explicó Centurión.

Profesor Arnaldo Sosa, educador con 96 meses de aporte en IPS como docente del MEC, figura en plantel presentado para limpiar la previsional.

La funcionaria de la DNCP también dejó bien en claro que es el IPS el encargado de recepcionar dicho formulario y este documento es clave para el proceso de pago del servicio. “La entidad que se encarga es el IPS, obviamente, pero lo que nosotros pusimos es la vincu­lación al contrato, entonces el decreto lo que establece es que la convocante le pide al provee­dor que una vez que firmen contrato declaren quiénes son las personas que van a traba­jar en esa institución. Princi­palmente porque se tiene que identificar a las personas que van a ingresar dentro de las oficinas públicas. O sea que, si yo estoy haciendo un con­trato de seguridad, por ejem­plo, quiero que me digas con nombre y apellido, número de cédula quiénes son los guar­dias que van a venir a prestar servicios dentro de mi insti­tución”.

Las contundentes explica­ciones de la funcionaria de la DNCP comprometen seria­mente tanto al IPS como al proveedor, ya que refiere el valor del FIP como declara­ción de las personas contrata­das para el cumplimiento de los contratos adjudicados, que en el caso de la previsional fue por G. 73.364 millones entre tres empresas.

Ingue Liese Lotte Zulck Pet Zoldt, una señora que falleció hace 10 años en Piribebuy, también presentada como empleada vinculada al contrato.

Sin embargo, en los FIP pre­sentados por Palumbo apa­recen funcionarios de Salud, docentes que jamás han traba­jado en sus empresas. Nuestro diario incluso publicó el nom­bre de una persona fallecida que figura como personal vin­culado al contrato con IPS.

Existe también un Formulario de Informe de Servicios Per­sonales (FIS), que rige por el mismo decreto del 2016 y que es para registrar los datos de los servicios prestados por cada persona física que con­forma el personal, esto siem­pre conforme al FIP; es decir, con base en la declaración de las identidades de los presta­dores vinculados al contrato.

BATAGLIA REMITIÓ MARCACIONES

Vicente Bataglia.

Tras desentenderse de la primera solicitud de información que enviamos para acceder al listado de personal de limpieza del pro­veedor favorito de la previsional y luego del escándalo generado con los casos de limpiadores “mau”, el presidente del IPS, Vicente Bata­glia, remitió una nómina corres­pondiente al mes de enero de este año. Así también desde la oficina de Transparencia enviaron las mar­caciones de los subcontratados en la prestación del servicio.

Pudimos ver que varios de los que figuraban en las planillas del FIP, desaparecieron del documento Excel que nos proveyeron. Cabe recordar que el IPS tiene encima una investigación por parte de la DNCP, ente regulador de compras públicas cuyas pri­meras diligencias se enfocan en el control que realizó la convo­cante al momento de velar por la ejecución del contrato.

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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores 

Foto: archivo.

Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo

Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional

Miles de armas incautadas en el Operativo Dakovo fueron entregadas a la Policía Nacional. Foto: SENAD.

Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.

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