Panuncio, que participó hoy en Asunción de una conferencia internacional sobre “Bosques y cambio climático”, señaló que en los últimos diez años Brasil redujo su tasa de deforestación en un 70%, al tiempo que aumentaba su producción de soja en un 80%.

Según la representantes de la organización ambiental, ese reto es “técnica y económicamente viable” para los países de América Latina.

La clave, en su opinión, es reglamentar a través de políticas públicas los espacios que pueden ser desforestados y bajo qué condiciones, así como hacer cumplir las leyes que prohíben la deforestación y penalizar a quienes las transgreden.

También es importante establecer sistemas de incentivos positivos, como la tenencia de tierras para los pobladores, los créditos transferidos a campesinos bajo condiciones de preservación ambiental, o el pago de un mejor precio a productos procedentes de bosques con un buen manejo.

“Los bosques poseen un rol crucial para enfrentar los impactos negativos del cambio climático. No sólo son un depósito de carbono, sino que también proveen de recursos como alimentos o medicinas, y contribuyen a la regulación de los recursos hídricos”, expresó la experta.

Por su parte, Josefina Braña, directora de política pública en el Programa Global de Bosques y Clima de WWF y participante también en la conferencia, afirmó a Efe que otro de los incentivos puede ser el pago a las comunidades campesinas por los servicios ambientales que presten.

Braña declaró que “es un mito que exista un conflicto entre el desarrollo económico y la conservación de bosques”.

“No es cierto que haya una contradicción entre seguridad alimentaria y conservación forestal. Si bien algunas comunidades campesinas necesitan de la pequeña agricultura para su subsistencia, y por ello desmontan, con buena planificación puede haber un equilibrio entre bosques y cultivos”, agregó.

También dijo que las decisiones sobre conservación de bosques deben ser tomadas “de forma local”, especialmente cuando existe una situación de pobreza que fuerza una dependencia del cultivo de subsistencia.

La experta advirtió de que la agricultura y la ganadería son dos de las causas de la deforestación en los países en desarrollo, pero también las sequías y el aumento de temperatura asociados al cambio

climático, que están provocando incendios que merman la masa boscosa a nivel global.

WWF, junto a otras organizaciones reunidas hoy en Asunción, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o el Banco Mundial, debatió sobre la conservación de áreas boscosas en la región, de cara a la Conferencia sobre Cambio Climático (COP21) que se celebrará en París entre noviembre y diciembre.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.