El diputado liberal Édgar Ortiz presentó un proyecto de ley “Que amplía el Artículo 19 de la Ley 1160/97 Código Penal Paraguayo” y cuya principal finalidad es evitar que una persona que le quita la vida a un delincuente durante un asalto sea imputado y termine en la cárcel.

La Dra. María Carolina Llanes, exjueza y experta en Derecho Procesal Penal, en entrevista con HOY habló sobre este tema y manifestó que la norma penal está correctamente redactada dado que la legítima defensa es una figura tradicional dentro de la doctrina penal.

Así también mencionó que, en los casos caratulados bajo esta figura, siempre se habla de la posibilidad de quitar la vida de una persona en defensa de la propia, de la de los familiares o de los bienes que uno posee. En ese tipo de circunstancias, el Ministerio Público lo que debe hacer es verificar si los hechos se dieron de esa manera, lo cual necesariamente requerirá la apertura de una investigación.

A la hora de formular una imputación, todo dependerá de los elementos objetivos que posea la Fiscalía -sostuvo Llanes-, pues de entrada no se puede tener la certeza de si se trata o no de un caso de legítima defensa sin antes realizar una indagación para corroborar los presupuestos establecidos en el Artículo 19 del Código Penal Paraguayo.

A su criterio, antes de efectuar algún tipo de modificación lo que se tendría que hacer es ajustar los protocolos de actuación del Ministerio Público. “Yo no veo que exista necesidad de modificar las normas procesales, ya está todo establecido lo que tiene que hacerse caso por caso”, acotó.

“Si no tenés elementos para imputarle a la persona porque la conducta no es antijurídica, o sea que está permitido matar para defender la vida propia y la de los demás, entonces directamente no se imputa sino que se desestima, pero eso ya está previsto en el Código Penal”, manifestó, dando a entender que dicho escenario ha sido contemplado dentro de la normativa vigente hoy día y, por consiguiente, no es necesario el cambio en el Código Penal.

Llanes indicó que en los casos de legítima defensa “hay una confusión en la aplicación y no un problema normativo”. A nivel jurisprudencial, sugiere que los jueces y tribunales sean más “didácticos” en la fundamentación de sus sentencias, explicando “bien y de manera pedagógica” como para que el Ministerio Público sepa en qué casos imputar y en cuáles desestimar.

El proyecto de ley presentado por el diputado Édgar Ortíz plantea incorporar el siguiente párrafo en el Art. 19 de Código Penal: “No será reprochable, quien se exceda en los límites de la legítima defensa por confusión, temor o miedo, cuando sea consecuencia de la intrusión actual en su domicilio o casa comercial”. Al respecto, la experta en Derecho Procesal Penal sostuvo que “eso ya está previsto” y que “es una redundancia”.

Respecto al caso ocurrido el pasado mes de septiembre en Ciudad del Este y que tuvo como protagonista a un despensero, señaló que la normativa habla de una “reacción ante un peligro presente”, por lo que cuando se produce un lapso entre el inicio y la culminación de esa situación de peligro ya no se trata de un caso de legítima defensa. “La actuación posterior ya es una decisión fuera de los presupuestos”, agregó.

Finalmente, planteó la necesidad de establecer un precedente en el ámbito de la justicia y que sobre esa base se pueda seguir trabajando en este tipo de circunstancias.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.