Luis Benítez, luego de la reunión que mantuvo con el presidente de la República Santiago Peña en Mburuvichá Róga, aclaró que sí existe un acuerdo de pago con Argentina, pero de manera verbal.

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Explicó que el compromiso es de 3 pagos de 12 millones de dólares por cesión de energía, y hasta el momento, Argentina pagó 6 millones de dólares por esa deuda.

“36 millones de dólares ellos adeudan del año 2022 que tendría que ser en tres pagos, se entregó 6 millones. Estamos esperando, ojalá venga mañana o pasado. Y por el funcionamiento, recibimos 12 millones de dólares hasta la fecha” expresó el director Luis Benítez durante una conferencia de prensa.

Benítez indicó que están pendientes de una próxima reunión con sus pares de Argentina para avanzar en las negociaciones y que se cumplan los acuerdos.

“Hoy está normalizado, Argentina está retirando el 90% más o menos de la energía que hoy produce Yacyretá”, expresó.

Por otro lado, Luis Benítez dijo que están trabajando para sacar adelante una institución que el nuevo gobierno recibió con muchos problemas y sin recursos.

A la fecha, están atravesando una severa crisis económica que no les permite cumplir con varios pagos a determinados compromisos como el funcionamiento de la hidroeléctrica, las cuotas de préstamos y la remuneración a los pequeños proveedores, a quienes se les adeuda entre 6 a 7 meses.

“Sin recursos podemos tener la predisposición de hacer bien las cosas, pero no podemos avanzar. El recurso que recibía anteriormente la Entidad Binacional era de de 18, 19, 20 millones de dólares. Ahora ha bajado a 10, 12 millones de dólares y con eso no podemos funcionar como se funcionaba”, remarcó.

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El Estado paraguayo, a través de la Procuraduría, presentó una demanda contra el Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cosipar), conformado por las empresas Cerro Lorito S.A. y la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Aceros del Paraguay Ltda.

En el marco de esta acción, recurrió a la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) para la conformación de un tribunal arbitral, a fin de analizar el caso que involucra a la otrora empresa estatal Acepar, que en la década de los ‘90 fue entrega a Cosipar para su administración.

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Según explicó el procurador Marco Aurelio González, este arbitraje fue solicitado hace mucho tiempo, ante la falta de resolución del caso en instancias judiciales. “Se olvidaron de cumplir ciertos requisitos y por eso el Estado ha demandado en arbitraje”, indicó en entrevista con la 730 AM.

La solicitud puntual es que se anule la cesión al mencionado consorcio y que las acciones de Acepar vuelvan a pertenecer al Estado paraguayo, además del pago de una indemnización.

“En el compromiso de venta, había muchas obligaciones que estaban a cargo de los que compraron Acepar, como inversiones, ciertos cuidados, el deber de mantener unas pólizas e informes”, añadió el procurador.

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El mismo sostuvo que las expectativas de ganar el arbitraje “son altas”, en vista a todas las pruebas que certifican el incumplimiento del compromiso asumido años atrás con el Estado.

En la actualidad, Acepar se encuentra declarada “en bancarrota” y bajo administración judicial, mientras se resuelva la cuestión del arbitraje.

El director del Registro Civil, Roberto Zarza, se refirió al problema de la inclusión de personas fallecidas en las listas de beneficiarios de la pensión para adultos mayores, una situación que, según explicó, tiene raíces profundas en las deficiencias estructurales del sistema y la legislación vigente.

Zarza subrayó que la ley que regula el Registro Civil, la Ley 1.266 del año 1987, es la base de muchas de las dificultades actuales. “Es una legislación de 37 años que ya no responde a las necesidades del siglo XXI”, afirmó al canal GEN.

Según la normativa, los familiares de una persona fallecida tienen solo 24 horas para registrar la defunción, un plazo que resulta poco práctico, especialmente en áreas rurales o durante momentos de duelo. “En esas circunstancias, es improbable que las familias cumplan con este requisito, lo que provoca que muchos casos queden sin registrar”, agregó.

Por otro lado, Zarza destacó que solo el 50% de la base de datos del Registro Civil está informatizado, lo que complica aún más la posibilidad de cruzar información con otras instituciones, como Identificaciones o el Ministerio de Salud. Esto ha llevado a que las denuncias ciudadanas sean la principal vía para detectar errores en las listas de beneficiarios.

Para abordar estos problemas, Zarza propuso dos pilares fundamentales:

1. Actualización legislativa: Reformar la normativa del Registro Civil para adaptarla a los tiempos actuales y eliminar la carga excesiva sobre los ciudadanos.

2. Modernización tecnológica: Implementar sistemas interoperables que permitan el cruce de datos en tiempo real entre instituciones como el Registro Civil, Identificaciones y el Ministerio de Salud.

“El Registro Civil debe ocupar un lugar prioritario en la estructura institucional del país. La nación se construye con identidad, y con ella fortalecemos la ciudadanía y la democracia”, manifestó Zarza.

Aunque reconoció avances en áreas como la implementación del expediente electrónico y la bancarización de servicios, Zarza insistió en que estas medidas no son suficientes sin una inversión integral en tecnología y una reforma legislativa. “Actualmente, trabajamos con bases de datos heredadas que ya no funcionan. Es hora de tomar en serio este tema”, remarcó.

La agente fiscal Thais García imputó a un hombre de 41 años por abuso sexual en personas indefensas. El procesado se encuentra privado de libertad y con pedido de prisión preventiva. El imputado habría sometido sexualmente a su hijastra, mayor de edad, pero que sufre de problemas de salud.

El hecho ocurrió el 23 de noviembre pasado, aproximadamente a las 20:00 horas, en una vivienda del barrio Sagrado Corazón de Jesús de ciudad Presidente Franco. La víctima es una mujer de 38 años que sufre de problemas neurológicos, según refiere el acta de imputación

La madre de la víctima, pareja del presunto agresor, sospechaba sobre el abuso y decidió esconderse detrás de la puerta para sorprender al hombre. Allí, vio al presunto agresor acercarse a la afectada, que se encontraba viendo televisión, y comenzó a manosearla en los pechos. En ese momento, encaró al sujeto, quien quiso negar el hecho.

Sin embargo, después de indagar a su hija, ésta le confirmó que en varias oportunidades fue abusada por el padrastro, incluido el coito, pero que por miedo no le había contado. Tras la denuncia, el presunto agresor fue aprehendido y finalmente procesado.

La fiscal García solicitó su prisión preventiva considerando la gravedad del caso, la posibilidad de amedrentar a la víctima y potenciales testigos, además del peligro de fuga latente.