“Gracias por tantos mensajes de fortaleza en todas las plataformas, y disculpen por no poder responderles a todos y cada uno. Algo habré hecho bien. Esto no tiene precio. Gracias”, escribió la doctora Yolanda González.

El tuit lo publicó junto con la nota de manifiesto de apoyo y solidaridad, elaborada y firmada por muchos de sus colegas.

El texto habla de un ejemplar trabajo desplegado por González durante la pandemia, al frente del Hospital Nacional de Itauguá, que fue uno de los centros de referencia en esa época.

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“Lamentamos el hecho de parto ocurrido en el pasillo, pero no acompañamos a quienes pretenden utilizar tan triste acontecimiento para fomentar una campaña de tinte netamente político y personal”, expresa el escrito.

También hablan de la época de estudiante de la doctora González y de su condición de ser humana y compañera. Antes de concluir, dejan su testimonio de apoyo y solidaridad para la doctora.

Yolanda González presentó su renuncia a la Dirección del Hospital Nacional de Itauguá, luego de las presiones ejercidas por los gremios ante la opinión pública y ante el propio ministro Julio Borba, a quien, le pidieron personalmente la destitución de González, sin importar los resultados de la auditoría sobre lo acontecido.

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Los procedimientos fueron realizados en la la Fracción Che la Reina del Km. 4 de Ciudad del Este, donde fueron detenidas tres personas y se incautó un vehículo que fue robado en la zona.

Uno de los detenidos posee orden de captura por robo agravado con antecedentes penales por robo agravado, tentativa de homicidio  y lesión. Los demás aprehendidos también poseen un prontuario por hechos punibles similares.

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Además vehículo denunciado como robado, fueron incautados dos automóvles, una escopeta, tres chalecos tácticos color negro, un guante táctico, placa policial, inhibidor de señal, radio volkie, proyectiles, una notebook, latas en cuyo interior se encontraron clavos miguelito, aparatos celulares, entre otras evidencias.

La directora del colegio Nacional San Isidro Labrador formuló una denuncia ante la Comisaría jurisdiccional del barrio San Luis de Concepción, sobre un hecho de amenaza contra la docente Fátima Martínez Gayoso (31).

De acuerdo con el relato, la profesora estaba desarrollando clases, cuando en un momento pidió a sus alumnos que salieran de clase en fila ordenada, para que luego se ubiquen en sus respectivos asientos.

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Ante esto, el alumno se negó y contestó que “si valoraba su vida le deje sentarse donde él prefiere”. Posteriormente, la directora lo convocó y nuevamente se negó, tras lo cual, tomó sus cosas y se retiró.

Según el informe policial, el menor tiene antecedentes por reducción 2023 y medidas cautelares como arresto domiciliario y permiso especial.

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Después de lo ocurrido en el colegio San Gervasio de Guairá, se registraron varios episodios de amenazas a docentes en otros puntos el país. Como consecuencia, el MEC emitió una resolución por la cual autoriza  la revisión de mochilas.

Una nota presentada a la Cámara de Senadores y firmada por representantes de organizaciones de jubilados y pensionados del IPS, entre ellos, Pedro Halley, expone las causales de sospechosos manejos administrativos en la previsional en los últimos meses.

El endeudamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad por 250 millones de dólares, que se financiarán mediante el descuento del 5 % anual del presupuesto de este programa, comprometiendo la suficiencia de la atención médica a los jubilados durante 10 años -plazo de pago- es uno de los puntos.

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Asimismo, el prematuro déficit del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el cual estaba garantizado hasta el 2038, de acuerdo con el cálculo actuarial, sin embargo, se tuvo que recurrir al uso de las reservas desde el 2020, debido a un faltante para cubrir el pago a los jubilados.

“Solicitamos la inmediata intervención y desapoderamiento de funciones, así como una auditoría total y minuciosa de la gestión del Consejo de Administración del IPS, a fin de intentar superar la situación de crisis institucional de servicios médicos”, exhorta el documento.

Menciona, además, el intento de contratación de un servicio de lavado y planchado de ropa hospitalaria por 10 años por 67 millones de dólares. Este proceso fue suspendido por orden judicial y por disposición de la Contraloría General de la República, que abrió una investigación al respecto.

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