El agente fiscal Carlomagno Alvarenga comentó que ya tomó la declaración inicial de los cuatro peones de Azotey que desaparecieron días atrás.

En charla con la 650 AM, relató que uno de ellos -que se desempeña como motosierrista- estaba reposando al mediodía del jueves pasado en una hamaca colocada en un retiro de la estancia donde presta sus servicios. En un momento dado, aparecieron dos personas jóvenes que estaban armadas y dijeron ser miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Estos uniformados le consultaron cuál era su función en el lugar, según el relato.

Posteriormente hicieron presencia en el lugar otros dos supuestos guerrilleros, de los cuales uno era una mujer y otro un hombre ya de edad. “La víctima dijo que no le ubica a los individuos, porque no se asemejan a los guerrilleros conocidos del EPP”, agregó.

El representante fiscal señaló que los desconocidos se quedaron en el retiro y comenzaron a cocinar los alimentos del hombre retenido, es más hasta quedaron a dormir allí, siempre turnándose. “Como este personal normalmente a las 18:00 horas suele ir al casco de la estancia, por lo que sus compañeros, al día siguiente, fueron a buscarlo”, contó.

Cuando las tres personas llegaron al lugar, también fueron capturadas por las personas identificadas como epepistas. Tras dos horas de ser retenidos contra su voluntad en el lugar, los cuatro secuestrados y los malvivientes comenzaron a desplazarse a pie por aproximadamente dos a tres horas por la parte más espesa de bosque. “No pudieron precisar hacia dónde exactamente fueron llevados porque no conocen la zona boscosa”, agregó Alvarenga.

Siguió relatando que, siempre de acuerdo al testimonio brindado por los afectados, en un lugar los presuntos integrantes del EPP decidieron detenerse y armar un campamento para descansar dos horas para luego seguir con la caminata. “(Los privados de libertad) refirieron que dos personas iban adelante, ellos cuatro en el medio y los otros dos en la parte posterior. En todo momento fueron amenazados con armas y les decían que si ellos no intentaban escapar, no iban a atentar contra sus vidas, pero así también les intimaron a que salgan de la propiedad y que no trabajen ningún establecimiento cercano porque tienen prohibido talar árboles y fumigar. La sanción sería el fusilamiento para ellos y sus patrones”, dijo.

El agente fiscal indicó que ya hubo casos similares de secuestros a peones para advertirles las consecuencias de seguir actuando de la misma manera.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.