Unidad de Investigación Nación Media

La ministra de la Secre­taría Nacional Anti­drogas (Senad), Zully Rolón, gestionó para reubicar al cuestionado agente especial Carlos Francisco Chamorro Portillo, quien fue removido como investigador de la Uni­dad de Inteligencia Sensible (SIU) y ahora está asignado como mano derecha del vice­ministro Esteban Caselli.

Chamorro y su esposa Nata­lia Berenicce Bareiro, quien sigue como analista de SIU, tuvieron un exponencial cre­cimiento patrimonial desde que ingresaron a la Senad, pues en siete años de haber declarado ante la Contralo­ría General de la República un modesto estilo de vida, pasa­ron a registrar bienes por G. 518 millones. Esto equivale a un incremento patrimonial de 700% en relación con los consignados en sus primeras declaraciones juradas de bie­nes y rentas.

En el primer chat filtrado por La Nación Investiga el agente especial Chamorro, con un amenazante mensaje en un grupo de Whatsapp declaraba una guerra “política, social y laboral” al interior de la secre­taría, y también revelaba que sus superiores estaban al tanto de la lujosa adquisi­ción de una camioneta Toyota Hilux modelo 2023 que pre­tendía realizar.

Del mismo texto se puede entender que el “líder” del equipo de SIU, el agente espe­cial Daniel Antonio Fernán­dez Ávalos, sabía de sus inten­ciones de adquirir un vehículo de US$ 65 mil, sin embargo, solo le recomendó no reali­zar la compra e hizo la vista gorda a la polémica idea que un agente especial que hasta julio del 2022 no percibía como salario más de G. 7 millones realice una millonaria tran­sacción.

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MINISTRA RESPONSABLE

La Unidad de Inteligencia Sen­sible (SIU) responde directa­mente a Zully Rolón. Es decir, que este cuestionado agente que aumentó 700% su patrimonio fue encubierto por la dependen­cia de investigación de alto perfil que depende y está bajo la super­visión de la misma ministra.

Pero en vez de cuestionar el sospechoso progreso econó­mico de Chamorro, la titular de la cartera antidroga ordenó la publicación de un comuni­cado donde amedrenta a los trabajadores de la prensa para evitar que se siga publicando nombres de cuestionados agen­tes de inteligencia.

El agente especial Carlos Chamorro reafirma el conflicto interno en la Secretaría Nacional Antidrogas y evidencia el colapso de la administración de Zully Rolón al no poder contener los hechos de corrupción.

El día de ayer se volvió a filtrar otro mensaje vía Whatsapp, donde Chamorro reafirma de la existencia de una guerra interna en la institución, lo que denota que la administra­ción de Rolón ha colapsado por los escándalos de corrupción, y además reafirma que “es justo y necesario librar las batallas”.

Con cierto tono de autoridad, Chamorro recomienda a las nuevas generaciones de agen­tes especiales que se manten­gan neutrales porque “no for­man parte del escenario que fue planificado y ejecutado por AE con maldad en sus corazones corrompidos por el demonio Belia”, haciendo alusión a Belial, poderoso demonio y príncipe del infierno al que se le atri­buye como el que obnubila las almas con ganancias corruptas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.