Cambiar vidas a pesar del “freno” en educación, el desafío de AI en Paraguay

La organización global Amnistía Internacional (AI) trabaja para la promoción y defensa de los derechos humanos en 50 países en el mundo, incluyendo Paraguay donde lleva casi 30 años de permanencia. En esta nota compartimos un poco más sobre la entidad, sus desafíos y metas.


Fuente: Aizar Arar (@AizarArar)

Cincuenta y ocho años pasaron desde que en 1961 el abogado inglés Peter Benenson, lograra mediante la recolección de gran cantidad de firmas la liberación de dos estudiantes que fueron presos tras brindar por la libertad. Aquel acontecimiento marcó el inicio de Amnistía Internacional, actualmente con 7 millones de miembros en todo el mundo.

Con la investigación, al incidencia, la educación y la movilización de derechos humanos, AI activa en nuestro país desde tiempos de la dictadura, de la mano de cinco personas de manera confidencial.

“Documentaban casos y remitían en la sede central en Londres y a partir de ahí se llevaba adelante la defensa de las personas violentadas. Fueron más de 500 casos en durante el régimen”, expresa Rosalía Vega, Directora Ejecutiva de AI en Paraguay.

A lo largo de los años y ya en la era democrática, la organización sigue enfrentando diversas dificultades para impulsar la defensa de los derechos humanos, como los grupos conservadores o fundamentalistas que, a palabras de la directora, actúan con aquiescencia del Estado, fomentando discursos del odio.

“La labor de Amnistía Internacional se centra en exigir a los Estados que cumplan en su rol de garante de los derechos humanos, el trabajo va relacionado a crear políticas públicas, en ese ámbito realizamos varias acciones, en la que entran movilizaciones, sentatas y marchas, en las plazas y oficinas de autoridades”, comenta María José Garcete, Gerente de Acción de AI.

Los derechos de las niñas y niños, de las mujeres, el de los pueblos indígenas y la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros/ transexuales e intersexuales), son algunas de las principales preocupaciones de la organización. “La meta de Amnistía es el cambio en la vida de las personas que están siendo violentadas en sus derechos”.

Ambas destacan la solidaridad internacional: “Cuando en Paraguay pasa algo, miles de activistas se movilizan en el mundo”. En ese sentido AI también se ocupa de formar defensores y defensoras de derechos humanos, para ello imparten educación en derechos humanos, talleres, charlas y en colegios y universidades.

Así también, recurren al arte como herramienta fundamental para extender su mensaje y hacer activismo, a través del teatro y sus exponentes principalmente. “Nos ayuda a amplificar las voces de las víctimas”, dice Rosalía.

Vega y Garcete cuentan que cada caso en los distintos países requiere de un proceso de investigación y en lo que hechos respecta, recientemente se dio uno al que consideran paradigmático. Se trata de la presentación de la Acción de Incostitucionalidad con relación de la resolución de la Junta Municipal y el Intendente de Hernandarias, Rubén Rojas, de prohibir la manifestación de la comunidad LGBTI en la ciudad.

Esta acción representa el primer litigio de Amnistía Internacional en Paraguay.

“Nos quieren echar del país, pero AI va a estar siempre al lado de las personas que necesitan, no distingue orientación religión, edad y raza. Paraguay no puede seguir negando derechos a las personas”, remarca María José.

Rosalía resalta la importancia de las personas conozcan los mecanismos para recurrir ya sea a nivel nacional e internacional en caso de no encontrar justicia. “En Paraguay tenemos un freno en la educación. Es una obligación del Estado garantizar la educación sobre derechos con un enfoque de igualdad y sin discriminación, basada en la ciencia y no en la cuestión religiosa”.

Uno de los grandes desafíos de AI nuestro país es la restitución de los derechos para los pueblos indígenas, la cual se da por la falta de prioridad por parte de los sucesivos gobiernos, además de los derechos de las niñas y los niños. “El Estado paraguayo no está pudiendo prevenir casos de abusos sexuales en menores”.

La ciudadanía puede ser parte de Amnistía Internacional y sumarse al activismo. Están disponibles distintas plataformas como las redes sociales y el sitio web.

“Los estados tienen que tomar decisiones difíciles pero lo tienen que hacer porque tienen que comprender que su acción u omisión tienen efectos de manera de directa en la vida de la gente”, finaliza Rosalía Vega.

Paul Landó denuncia homofobia y discriminación en shopping de Asunción

El youtuber, Paul Landó, estaba de la mano con su novio en el centro comercial cuando el guardia de seguridad se acercó y les indicó que otro cliente se quejó de ambos por un “comportamiento indebido”. La denuncia hecha a través de las redes sociales y saltaron las críticas hacia el shopping.

“Amo que acabo de experimentar homofobia en Paraguay. Estaba de la mano con mi novio en el Shopping del Sol y vino el jefe de seguridad Ruben Achar a decirnos que hubo una queja de un señor porque estábamos caminando de la mano”, expresó Landó a través de su cuenta de X.

El joven estaba formando fila en una cafetería cuando se dio la llamativa situación, en compañía de su pareja, Alejandro Benítez, quien también realizó su descargo en su cuenta de Instagram.

Relató que es la primera vez que vive una experiencia como esa en un shopping y lamentó que todavía las personas manifiesten de esa manera su rechazo y homofobia.

Tras la denuncia del mediático en X, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos relataron hechos similares en el mismo lugar, no solo por homofobia.

Uno de los comentarios menciona que el shopping es intolerante a los animales. Además, hay denuncias por supuesta discriminación racial que también se habría cometido en el centro comercial.

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Actos homosexuales: Irak aprueba pena de hasta 15 años de cárcel

El Parlamento iraquí aprobó una ley que impone penas de cárcel de hasta 15 años para los actos homosexuales, una decisión denunciada por oenegés como un “ataque a los derechos humanos”.

Los diputados aprobaron con una mayoría de 170 sobre 329 escaños una serie de enmiendas a una ley antiprostitución de 1988, que también criminaliza a las personas transgénero.

Un borrador previo proponía la pena capital para las relaciones entre personas del mismo sexo, algo criticado por los activistas LGTBQ como una “peligrosa” escalada en un país donde esta comunidad ya es objeto de discriminación y ataques.

Las nuevas enmiendas establecen penas de entre 10 y 15 años de cárcel por mantener relaciones sexuales homosexuales, según el documento visto por la AFP.

También imponen un mínimo de siete años de cárcel por “promover” la homosexualidad y una pena de entre uno y tres años para los hombres que “intencionalmente” actúen como mujeres.

Las enmiendas también criminalizan “el cambio de sexo biológico basado en el deseo” y castigan a las personas transgénero y a los doctores que participen en cirugías de cambio de sexo con hasta tres años de cárcel.

La homosexualidad es tabú en la conservadora sociedad iraquí, pero hasta ahora no existía una ley que castigara explícitamente las relaciones entre el mismo sexo.

Aun así, miembros de la comunidad LGTBQ eran perseguidos por acusaciones de sodomía u otros tipos penales vinculados a la moralidad y la prostitución.

“Irak ha traducido en ley la discriminación y la violencia a las que los miembros de la comunidad LGBTI han estado sometidos con absoluta impunidad durante años”, dijo Razaw Salihy, investigadora por este país en Amnistía Internacional.

“Las enmiendas que afectan a los derechos LGBTI son una violación de los derechos humanos fundamentales”, denunció.

Según el diputado Raed al Maliki, que avanzó las enmiendas, “la ley sirve como medida preventiva para proteger a la sociedad de estos actos”, dijo a la AFP.

La aprobación se aplazó hasta después de la visita del primer ministro Mohamed Shia al Sudani a Washington este mes para evitar que la ley, criticada en Estados Unidos y la Unión Europea, impactara en ese viaje.

El Departamento de Estado estadounidense expresó preocupación por la ley y advirtió que “mina los esfuerzos de reforma política y económica de gobierno”, dijo su portavoz Matt Miller.

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Tailandia avanza hacia una ley de matrimonio homosexual

El Parlamento tailandés aprobó un proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, allanando el camino para que el reino se convierta en el primer país del sureste asiático en reconocer los enlaces entre personas LGTBQ.

Según imágenes retransmitidas por televisión, 399 diputados votaron a favor de la iniciativa y 10 lo hicieron en contra, aunque el texto todavía tendrá que ser aprobado por el Senado, antes de que el rey lo promulgue. Un procedimiento que podría tomar semanas o incluso meses.

Tras el resultado, un diputado llevó una bandera arcoíris al hemiciclo.

“Hoy, la sociedad nos ha demostrado que se preocupan por los derechos LGTB”, declaró a la AFP Tunyawaj Kamolwongwat, un parlamentario del Partido Avanzar, una formación progresista que ha presionado en favor de los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales y queer.

“Ahora por fin tenemos los mismos derechos que el resto”, agregó.

En Asia, solo Taiwán y Nepal reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo. En India, el Tribunal Supremo declinó pronunciarse sobre la cuestión y afirmó que corresponde al Parlamento decidir si ese tipo de enlace se debe legalizar.

En Tailandia el colectivo LGTBQ es muy visible, pero la nación, de mayoría budista, sigue regida por unas leyes conservadoras que discriminan a las parejas homosexuales y a las personas trans.

La propuesta que aprobaron este miércoles los diputados busca sustituir las menciones de “hombres”, “mujeres”, “esposos” y “esposas” de la ley actual sobre el matrimonio por términos de género neutro.

Si es ratificada, la nueva ley otorgará a las parejas homosexuales derechos en materia de adopción y herencia.

- “Un paso enorme” -

“Esto es un paso enorme para nuestro país”, declaró a la AFP Mookdapa Yangyuenpradorn, portavoz del grupo de defensa de derechos humanos Fortify Rights.

“Espero que la última etapa se desarrolle de forma fluida, y que Tailandia esté al mismo nivel que el resto del mundo en materia de derechos LGTB+”, añadió la vocera.

El año pasado, el gobierno del primer ministro, Srettha Thavisin, accedió a que el Parlamento debatiera sobre esta cuestión.

El primer ministro ha expresado abiertamente su apoyo al colectivo LGTBQ+, haciendo de esta política una bandera. El año pasado, dijo a la prensa que este cambio fortalecerá las estructuras familiares.

Se trata de un “momento de orgullo para la sociedad tailandesa, que camina unida hacia una mayor igualdad social y el respeto de las diferencias”, destacó Thavisin en la plataforma X.

Los activistas llevan más de una década reclamando la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en un país en el que la política se suele ver sacudida por golpes de Estados y protestas masivas, sus logros han sido escasos hasta ahora.

En 2022, los legisladores tailandeses dieron su visto bueno inicial a dos proyectos de ley destinados a autorizar el matrimonio homosexual y a otros dos para que permitir las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Pero la iniciativa no prosperó porque el Parlamento fue disuelto para organizar las elecciones generales celebradas el año pasado.

© Agence France-Presse