Desde hace unos días se venía hablando sobre la posibilidad de que el diputado con permiso Ulises Quintana (ANR), procesado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación criminal dentro del tráfico de drogas, se postule para la intendencia de Ciudad del Este.

Este rumor cobró mayor fuerza luego de que el propio ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, haya asegurado que Quintana no tenía ningún impedimento legal para presentarse como candidato en los próximos comicios en el este del país.

Finalmente ayer el abogado Álvaro Arias, representante legal del parlamentario colorado, confirmó de manera pública que su cliente decidió postularse para ser intendente de CDE, pese a su actualmente se encuentra recluido en la cárcel militar de Viñas Cué.

En entrevista con los medios de comunicación, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fue consultado sobre este tema y señaló que están tratando de buscar “un candidato de consenso” entre todos los movimientos internos de la ANR.

Para Colorado Añetete “Ulises Quintana es el mejor candidato”, afirmó, aunque también admitió que actualmente él no puede candidatarse no por una cuestión legal, sino porque está sometido a un proceso penal que le mantiene privado de su libertad.

Respecto a la encuesta que impulsará Colorado Añetete en Ciudad del Este con el fin de elegir al candidato para las internas de la ANR, Velázquez confirmó que el nombre de Ulises Quintana no será incluido en la lista de postulantes, atendiendo a su situación procesal. “Sabemos el sentimiento de la gente, pero lastimosamente el movimiento le ve con el problema de no poder hacer campaña de manera presencial y, en el caso de que gane, no podemos adivinar cuál va a ser el destino de su proceso y cómo va a ejercer el cargo”, explicó.

En caso de que Quintana finalmente decida candidatarse de manera independiente y fuera del movimiento liderado por Mario Abdo Benítez, el vicepresidente de la República indicó que “eso es algo que él asumiría como una responsabilidad personal”.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.