La senadora Esperanza Martínez, presidenta de la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay, remitió un comunicado al ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, para manifestarle la preocupación tras el incendio ocurrido en la sede central de dicha institución el pasado 29 de septiembre.

Una de ellas sería las expresiones que brindaron dichas autoridades sobre un posible “desdoblamiento” de las elecciones internas previstas para el 18 de diciembre próximo, además, las probables causas del siniestro y sus efectos respecto a la cantidad de máquinas de votación destruidas.

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“Los representantes que integran la Concertación expresan su más profunda preocupación ante la falta de certeza y la intención de dichas expresiones, las cuales colaboraron con aumentar la sensación de confusión y desconfianza existentes respecto a la transparencia del proceso electoral en curso”, reza parte del documento.

Al respecto, señala que ante la falta de información y las versiones contradictorias emanadas por el propio TSJE, representantes del PLRA, partido integrante de la Concertación, acudieron al depósito, ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora el sábado pasado, constatando que en el local se encontraba una gran cantidad de máquinas de votación, así como la inexistencia de mecanismos de seguridad, sea esta física (como guardias) como elementos contra incendios.

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Ante dicha visita, el funcionario Luis Alberto Mauro denunció un supuesto ingreso clandestino por parte de personas desconocidas que se dieron a la fuga luego de la intervención del guardia. “Esta irresponsable declaración, alejada de la verdad, significa para las fuerzas políticas que integran la Concertación, otro golpe a la credibilidad del TSJE”.

Por consiguiente, solicita información clara y certera sobre el incendio y su impacto en el proceso electoral. En efecto, pide la autorización para que este lunes, 10 de octubre, miembros de la Concertación y funcionarios del TSJE visiten y verifiquen la zona siniestrada.

Por último, insta sustituir a los ejecutores del equipo encargada de elecciones (Comisión de Elecciones), el cual no ha obtenido aún respuestas a fin de garantizar la organización de las futuras elecciones.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.