A través de sus redes sociales, desde el hotel donde cumple prisión preventiva, Paraguayo Cubas comunicó la decisión tomada mediante la atribución unilateral y unipersonal que, según él, le confiere el estatuto de Cruzada Nacional.

La primera medida es destinar USD 1.300.000, correspondientes al subsidio electoral, a la construcción de un hospital en Pozo Colorado, en beneficio de los pobladores de esta región.

Además, utilizar 490.000 dólares, equivalentes al 70 % del aporte estatal, en gastos corrientes del hospital mencionado. Asimismo, el 30 % restante, ( USD 210.000) a los fines exclusivos contemplados en el Código Electoral.

Propone, además, que los fondos sean administrados por la Cruz Roja Paraguaya, si sus integrantes así lo aceptan.

Al respecto, el director de financiamiento político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, explicó que, el aporte estatal tiene sus reglas y el Código Electoral estipula claramente a qué deben ir destinados los recursos.

Además, comienza a pagarse recién el año que viene, pero por tandas, no en un solo desembolso.

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“Eso se va a pagar, con suerte, en tres años  y está sujeto a la disponibilidad de Hacienda y al análisis de la rendición de cuentas”, comentó Ruiz Díaz, en comunicación con la 970 AM.

Aclaró que desconoce el contenido del estatuto partidario, pero que, dependiendo de lo que establezca, será posible o no, que una sola persona tome esta decisión.

“Con respecto al subsidio, es una compensación por los gastos realizados en campaña y las organizaciones políticas no rinden cuenta de ese dinero que perciben, por lo tanto, pueden ejecutar los planes que mejor les parezca”, afirmó.

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Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.