Hoy jueves, La Nación y GEN expusieron cómo el legislador Miguel Cuevas aprobó facturas falsas durante su gestión como gobernador. Las pruebas fueron presentadas este jueves con entrevistas a los afectados.

Al respecto, en su intento de defensa, el congresista colorado dijo que todo forma parte de una campaña política para dejarlo mal parado. “Yo creo que esto solamente es una persecución política en mi contra. Están tratando de ensuciarme ante el pueblo y mis colegas. No creo que los investigadores sean improvisados”, aseguró en entrevista con la 970 AM.

Alegó que como gobernador tuvo el compromiso de entregar cheques a los comités de las familias campesinas, pero que estos fueron los encargados de hacer las compras y remitir a su institución las facturas correspondientes, las cuales ahora salen a la luz que estaban alteradas.

Entre las facturas que tiene la Gobernación se encuentra una que corresponde supuestamente al comercial “Báez”, que figura a nombre de Elva Arzamendia de Báez, por una compra de 40 bolsas de fertilizantes por valor de G. 10 millones. Sin embargo, esta comerciante aseguró a los periodistas investigadores que nunca hizo negocios con la gobernación y que en realidad dicha factura correspondía a una venta de productos por valor de menos de dos millones de guaraníes.

“Es cierto lo que dice esta señora, yo jamás hice negocios con la dueña del local donde se compró el producto. Nosotros entregamos en cheque a los productores y ellos son… es sencillo esto, es ir a averiguar quién efectivizó el cheque. Después ellos nos traen los recibos correspondientes por el valor del cheque que les entregamos”, indicó.

SU HOMBRE DE CONFIANZA

La investigación reveló además que era Toribio Morel quien recibía los cheques, según contó otra afectada, Mercedes Cáceres, presidenta de agrupación Kuña Aty. Justamente, el congresista Cuevas -según él mismo confirmó en esta entrevista- llevó a este hombre de confianza como su administrador en la Cámara de Diputados.

“Toribio Morel es uno de los administradores de la Cámara. Voy a ver si corresponde o no (que sea separado). La Justicia debe demostrar. Hay que preguntar y recurrir a la justicia. Voy a pedir”, dijo el político.

Pese a las pruebas defendió a su administrador, al alegar que no cree que él sea el responsable. “Esa señora me tiene que demostrar lo que está diciendo. Tiene que demostrar en la justicia, no se debe colgar nomás por una denuncia”, resaltó.

En su intento de confundir y desviar la atención, el colorado alegó que la campaña en su contra proviene del sector del presidente Horacio Cartes, por haber pasado al movimiento de Mario Abdo Benítez. Sin embargo, uno de los denunciantes es el concejal del PDP Gilberto Rufinelli, quien en declaraciones con dicha emisora, dijo que lo publicado es solo la punta del iceberg.

Este edil manifestó que en el 2014 ya había denunciado la supuesta compra irregular de productos. “Acá hay una red de prestanombres, una sociedad cómplice en este tipo de situaciones, también una parte de la prensa que hace su tarea de manera demagógica”, resaltó Rufinelli.

Sobre las declaraciones del concejal, el actual diputado dijo: “que me denuncie y vamos a ir a la justicia”. Reiteró que podrá demostrar con documentos “hoja por hoja” donde fue a parar cada guaraní de fondos públicos que pasó por su administración. “Yo fui uno de los mejores gobernadores”, comentó.

En otro momento de su descargo aseguró que el dictamen de la Contraloría demostró que no cometió irregularidades, las cuales otros medios expusieron el año pasado, como el caso de Última Hora, lo que deja constancia de su contradicción al referir que es el cartismo el que lo persigue.

Así también indicó que el Poder Judicial desestimó la denuncia en su contra, sin embargo, este jueves la propia fiscal de la causa, Sonia Pereira, explicó por qué inicialmente solicitó dicha desestimación, pero que luego pidió que se revoque para proseguir con las investigaciones, al tener conocimiento de más datos. Actualmente es un Tribunal de Apelaciones el que debe establecer cómo continúa el caso, donde el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres y el abogado Marcos Estigarribia denunciaron a Cuevas por numerosas irregularidades.

LOS POZOS

Volviendo a la investigación periodística, otra irregularidad hallada tiene que ver con la empresa “El Puente”, que se encarga de hacer perforaciones y montaje de pozos artesianos. Entre los documentos que la Gobernación de Paraguarí le entregó a Kuña Aty, figura el pago de G. 40 millones para hacer el pozo. En el lugar donde se tenía que hacer la construcción, se hizo apenas una excavación, nunca se terminó la obra. No hay caños ni tanque. Por eso, el proyecto con Kuña Aty fracasó. El equipo periodístico llamó a preguntar por un presupuesto a la misma empresa y la respuesta fue contundente; todo montado, con motobomba, piola, excavación y los caños, el costo total con mano de obra incluida, no podría superar los G. 20 millones.

Sobre esta situación, Miguel Cuevas se desligó al alegar que “a esa gente se le dio la plata para cavar el pozo. Es una parte alta del cerro, lleno de piedras. Seguramente no habían llegado… pero a mí me habían dicho que sí ya tenían agua”.

FESTÍN DE CARGOS EN DIPUTADOS

Al margen de dicha investigación, Cuevas está siendo duramente cuestionado por los nombramientos que realiza desde que asumió como titular de Diputados. El último fue el de la hija de la diputada Marlene Ocampos, quien luego de dos meses de ser nombrada en el Congreso, fue designada como directora. “La señora tenía el perfil necesario y se le contrató”, dijo. Al preguntársele cuál era su perfil, respondió: “Yo dónde voy a saber a qué se dedicaba, le tienen que preguntar a ella. Le contratamos porque tiene perfil. Ya es demasiado cuestionamientos (en su contra), no sé”. Tras ser insistido, dijo: “Es abogada y me pasaron otros títulos que tiene”.

Por último comentó que se quiere instalar que será sacado del cargo, pero que es mera “politiquería”. “Es una red de difamación y calumnia que están haciendo en mi contra. Es el dueño de ese diario el que está haciendo”, puntualizó.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.