A propios y extraños sorprendió la decisión del equipo de comunicación de la Concertación de no acreditar a medios de prensa de Nación Media para la cobertura de las elecciones generales del 30 de abril en el PC de la chapa opositora.

La decisión generó rápidamente repudio en diversos sectores, incluyendo el Sindicato de Periodistas del Paraguay que emitió un comunicado pidiendo que se revea la postura que atenta contra la libertad de expresión y prensa.

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Uno de los primeros en ‘recoger el guante’ fue Efraín Alegre Irún, hijo del candidato a la Presidencia con el mismo nombre. El joven reivindicó la censura propiciada por la Concertación, argumentando que la decisión tomada es “un derecho”.

Estas expresiones desencadenaron en una nueva ola de críticas hacia la postura de la Concertación.

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Por si fuera poco, Efraín Alegre padre redobló la apuesta y dijo que “la última vez que los cartistas entraron a nuestra casa mataron a Rodrigo Quintana”, tildando prácticamente de asesinos a los periodistas. El titular del PLRA fue abordado por los medios acerca de sus expresiones y sostuvo que no tenía intenciones de retractarse.

En medio de las desafortunadas expresiones de los Alegre, uno de los apoderados de la Concertación, el abogado Guillermo Ferreiro, confirmó que efectivamente se trataba de una decisión del candidato a la Presidencia, la cual no compartía. Horas después, nuevamente tuvo que aclarar que se iba a permitir la acreditación a los medios de Nación Media, pero que no iban a ser invitados al desayuno en la residencia particular de Efraín.

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De esta actividad quedaron excluidos los medios escritos, radiales y televisivos que integran Nación Media: diario Hoy Digital, Radio Universo 970 AM, Canal Gen, entre otros.

Una de las últimas en pronunciarse fue la candidata a la Vicepresidencia de la Concertación, Soledad Núñez, quien dijo que en el PC opositor se acreditará a todos los medios sin excepción alguna. “Las puertas están abiertas y serán todos bienvenidos”, enfatizó en entrevista con ABC TV.

“No hay ninguna censura por parte de la Concertación Nacional. Todos serán bienvenidos, nosotros respetamos muchísimo la labor de los periodistas y la libertad de expresión”, dijo Núñez, agregando que lo ocurrido fue un “error de interpretación”.

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Lo cierto y concreto es que la Concertación Nacional como agrupación política hasta el momento emitió un solo comunicado al respecto, en el que lejos de aclarar la situación, terminó dejando más dudas. La decisión de censura a medios continúa inalterable, pese a los intentos de justificaciones por parte de los referentes opositores.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.