La dupla presidencial por la Concertación, Efraín Alegre y Soledad Núñez, presentó la propuesta “Vivir sin Miedo” para luchar contra la criminalidad e inseguridad. Sin embargo, llamó poderosamente la atención que el experto elegido en materia de seguridad sea el exministro del Interior, Rafael Filizzola, quien cuenta con un rosario de irregularidades durante su paso en la función pública.

Durante años, Filizzola boicoteó a la justicia mediante chicanas para evitar que avancen los casos como la compra de los helicópteros y las comisarías “de oro” que supuestamente implicaron en conjunto un perjuicio de G. 51.200 millones al Estado.

Lea más: Helicópteros: Uruguay pagó US$ 500 mil y Filizzola US$ 3,3 millones

Según los antecedentes, en la causa por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, su defensa querelló a los tes­tigos de la Fiscalía por supues­tamente haber mentido en sus declaraciones y también denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistra­dos a los fiscales que llevaron adelante las investigaciones.

La causa abierta a Filizzola se relaciona con la compra de cuatro helicópteros para la Policía Nacional al costo de G. 50.062.368.788, que resultaron ser inservibles. El proceso se inició en 2010 durante la gestión de Rafael Filizzola y terminó en 2012.

Enterate más: Tras chicanas, Rafael Filizzola consigue que la Corte anule su juicio oral

COMISARÍAS DE ORO

Por otro lado, en el caso cono­cido como las comisarías “de oro”, su defensa presentó en febrero del año pasado un inci­dente de prescripción del caso, que luego fue rechazado por el Tribunal de Ape­lación.

El expediente en cuestión refiere denuncias de sobrefacturaciones presuntas en el proceso de refacción de comisarías del país, en tiempos en que Filizzola se desempeñaba como ministro del Interior.

El monto en que Filizzola perjudicó presuntamente al Estado paraguayo -dice la acusación- está en el orden de los 1.200 millones de guaraníes.

Enterate más: Fiscal revela cómo fue el blanqueo a Filizzola: daño patrimonial de G. 1.200 millones

Este proceso se inició en el año 2010 cuando el fiscal Luis Piñánez imputó a Rafael Filizzola y a los responsables de la empresa Todo Verde Emprendimientos, perteneciente a Alejandro Apolonio Giménez, fue la empresa adjudicada para hacer refacciones en 24 Comisarías, el mencionado trabajo, por una suma de G. 1.131.812.500, mediante un contrato firmado en fecha 2 de diciembre de 2010.

Las obras iniciaron el 25 de enero del 2011 y según el documento debían concluir en 60 días en 23 comisarías; mientras que en la restante, la comisaría número 19, ubicada en el Barrio Jara, debía concluir en 90 días. El 27 de enero se abonó la totalidad del monto establecido en el contrato. El requerimiento conclusivo del fiscal explica que Filizzola llamó a licitación sin que existiera una necesidad, ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas, que avalen la construcción de las mismas, ni un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.

Leé más: Anulan sobreseimiento para Rafael Filizzola por tragada en arreglo de Comisarías 

Además, refiere que el exministro ordenó el pago teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que conforme a la fecha del llamado y del proceso administrativo las obras no estarían terminadas para el último día hábil del período fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313 según la investigación.

Durante los años de proceso se fueron presentando varios incidentes para dilatar el caso y en el 2016 Rafael Filizzola presentó una acción de inconstitucionalidad y con ayuda de la Corte Suprema de Justicia que cajoneó el caso por más de cinco años, ayudó a que se congele el caso.

Nota relacionada: Tragada de 1.200 millones en nombre de comisarías: Rafael seguirá atado al “fato”

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

Lea también: Kattya fue funcionaria sin concurso, y ahora "el muerto se asusta del degollado"

“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

Leé más: Kattya González fue asesora del Congreso en el pasado

El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

Puede interesar: “Apoyo a emprendedores es fundamental para la generación de empleos”

“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.