Durante la sesión de la Comisión Bicameral de Presupuesto realizada ayer lunes, en donde se jactaban de eliminar una adenda de reajustes salariales, finalmente terminaron presentando otras propuestas e intervenciones totalmente contradictorias al discurso de austeridad.

Uno de estos planteamientos provino de la legisladora Celeste Amarilla, quien solicitó que los subsidios del TSJE a los partidos políticos tengan un aumento de 15.000 millones de guaraníes.

“Celeste Amarilla se ofuscó cuando propuse que no se incremente por encima de lo enviado por Ministerio de Economía el subsidio a los Partidos Políticos. Quiere incrementar 15.000 millones y mi negativa a acompañar es innegociable. Ella y sus bonos haciendo tráfico de influencias”, expresó el también liberal Dionisio Amarilla.

En tal sentido, la declaración jurada de Celeste Amarilla, en el apartado de 1.3 de cuentas a cobrar, aparecen dos ítems del PLRA, por un monto total de casi 1.000 millones de guaraníes.

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En los conceptos figuran bonos del PLRA por G. 300 millones reclamados en juicio y actualmente embargados al TSJE. Además, G. 624 millones en intereses por mora, suma también embargada al TSJE.

“Esta señora que demandó al PLRA y que nunca explicó cómo esos bonos llegaron a sus manos y que cobró no sólo el valor nominal, intereses punitorios, moratorios, honorarios de abogados y vaya a saber que más, ahora quiere dar 15.000 millones más en subsidio a los partidos. Negativo”, señaló el senador Dionisio Amarilla.

Trayendo a colación los casi 1.000 millones de guaraníes por cobrar, más la intención de aumentar el subsidio partidario, se deduce que, este sería uno de los intereses de la senadora en la aprobación del aumento

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Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.