El seguidor del Partido Democrático Progresista (PDP) recibe actualmente un salario de G. 13.600.000, por ir “cada tanto” al Parlamento para reunirse con el exministro del Interior de Fernando Lugo.

El senador Basilio “Bachi” Núñez, afirmó contar con documentaciones que avalan sus acusaciones y que las presentará en el transcurso de la próxima sesión ordinaria.

“Casañas Levi está nombrado desde el año 2015. ¿Alguna vez se lo vio en el Congreso Nacional? Es un planillero que cobra G. 13 millones, debería devolver el dinero. Recibí la información de una fuente muy fidedigna”, dijo el parlamentario republicano.

Casañas Levi -apuntó Núñez-  ingresó sin concurso como funcionario del Congreso Nacional el 27 de enero de 2015, durante la presidencia del exsenador Blas Llano, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Su incorporación se dio por petición de la bancada del PDP.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez fue comisionado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en la gestión de Eduardo Petta. Entonces fue designado como responsable de la Unidad Anticorrupción de la citada cartera estatal. Su permanencia al frente de la dirección fue desde agosto de 2018 hasta enero de 2021.

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Una vez aceptada su renuncia, el letrado retornó al Congreso Nacional cumpliendo funciones como asesor jurídico en la oficina del exsenador Enrique Bacchetta, quien entonces militaba en el extinto movimiento Colorado Añetete, sector fuertemente vinculado al PDP. Bacchetta terminó sus funciones como legislador en julio pasado, razón por la cual, con el nuevo periodo parlamentario que abarca desde el 2023 hasta el 2028, pasó a desempeñarse como asesor de Filizzola.

Casañas Levi es un funcionario permanente del Congreso y se encuentra exonerado de marcar presencia por solicitud de Filizzola.

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El abogado denunciado por Bachi intentó en 2017 asumir un cargo electivo presentándose como candidato a la diputación por Central de la mano del PDP, grupo político calificado como una “nucleación familiar”.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.