Lilian Samaniego, Fidel Zavala, Tony Apuril, Patrick Kemper, Nani Arrua, Sergio Godoy, Stephan Rasmussen y Enrique Bacchetta presentaron un pedido de pérdida de investidura del senador Salyn Buzarquis.

Durante la sesión extraordinaria, el congresista Enrique Riera indicó que es muy grave que “una persona que cometió un delito y admitió su culpa y pagó la pena, por más que haya sido una salida procesal, esté sentado con nosotros. Entonces haremos una justicia selectiva, seremos duros con algunos pero no con otros”.

Esto lo dijo tras la pérdida de investidura de su colega Víctor Bogado, quien fue condenado por la justicia por cobro indebido de honorarios.

Ante esto, Buzarquis estalló en rabia y a los gritos trató de “empleadito de Cartes” a Riera en pleno Congreso.

EL CASO

El político liberal Enrique Salyn Buzarquis, mano derecha de Efraín Alegre, admitió haber presentado un reposo médico de contenido falso para evitar ir a juicio oral. Como sanción, debió donar un millón de guaraníes a la Fundación San Rafael de manera mensual por el lapso de un año.

Fue el propio Buzarquis quien se incriminó a sí mismo, cuando publicó en su perfil de Facebook, la visita que hicieron junto a otros dirigentes liberales a cuatro personas que pidieron refugio político en Uruguay, tras ser acusados de haber participado del incendio del Congreso, el 31 de marzo pasado.

La visita al extranjero se realizó el mismo día en que Buzarquis debía comparecer ante la jueza Griselda Caballero por un caso de lesión de confianza y usurpación de funciones públicas durante su administración en el ministerio, bajo la era del entonces presidente Federico Franco, causando un perjuicio patrimonial de 600.000 dólares.

El fiscal que llevó adelante este caso, Alcides Corvalán, indicó que en el certificado médico, que consta de puño y letra, se refiere que “el 11 de junio el señor Buzarquis se constituyó para ser atendido por un dolor y la recomendación fue guardar reposo absoluto en su domicilio hasta el 14 de junio. Resulta que al venir el informe de Migraciones nos encontramos que el 10 de junio ya salió del país Buzarquis, lo que originó esta denuncia”, explicó.

El representante del Ministerio Público había detallado al principio que la expectativa de pena para el político era de dos años o multa.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

Lea también: Kattya fue funcionaria sin concurso, y ahora "el muerto se asusta del degollado"

“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

Leé más: Kattya González fue asesora del Congreso en el pasado

El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

Puede interesar: “Apoyo a emprendedores es fundamental para la generación de empleos”

“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.