En la mañana de este martes se realizó la reunión de lanzamiento de candidatura en la residencia del magistrado Hugo Sosa Pasmor, quien así acompaña a su esposa concejal Techi Oviedo de Sosa Pasmor, quien se candidata a Intendente en Fernando de la Mora por Colorado Añetete.

Vale recordar que cualquier funcionario o magistrado del Poder Judicial tiene prohibido participar de las actividades políticas.

El Código de Organización Judicial, en su artículo 238, establece que se prohíbe a los magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia, cualquiera sea su jerarquía, ejercer otra función pública, profesión, comercio o industria, directa o indirectamente, salvo la docencia, cuyo ejercicio será reglado por la Corte Suprema de Justicia, ni participar en actividades políticas.

La Corte Suprema de Justicia dispone además en su acordada Nº 07/83: Art. 1º Prohibir a los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, participar en los actos de carácter político ni actuar como jueces en entidades deportivas y otras sin que ello implique coartar el ejercicio de los derechos cívicos que la Constitución Nacional le confiere a los ciudadanos.

Nota de redacción: Intentamos comunicarnos con el magistrado y la concejal para obtener su versión, sin embargo, las llamadas a los teléfonos (con terminación 453 y 607, respectivamente) no fueron atendidas.

RENUNCIARÁ PARA OCUPAR OTRO CARGO PÚBLICO

Por otra parte, Hugo Sosa Pasmor sí habló con radio 1000 AM y anunció que presentará renuncia a su cargo el miércoles 30 de mayo, para ocupar un lugar en la administración del presidente electo de la República, Mario Abdo Benítez.

“Veníamos manejando alguna posibilidad, hace 10 o 15 días me reuní con el presidente de la Corte para ponerle a conocimiento. La próxima semana estaría presentando mi formal renuncia”, dijo.

Sobre el cargo que estaría ocupando, dijo que “no hay nada todavía concreto al respecto, pero creo conveniente que tengo renunciar primero y luego empezar a hablar de esas posibilidades”.

En tanto que en conversación con la radio 970 AM, el magistrado dijo que “podría ser, es muy factible” que incursione en la política.

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.