Silvio “Beto” Ovelar, presidente del Congreso, fue abordado por los periodistas sobre el caso de Antonio Ibáñez, padre del exdiputado José María Ibáñez, quien hace unos días fue nombrado como asesor en Itaipú Binacional, pese a tener antecedentes por la venta irregular de carne a la Policía Nacional cuando se desempeñaba como ministro de Agricultura y Ganadería.

Al respecto, evitó emitir una opinión formal alegando que “una alta funcionaria es su patrona (esposa)”, refiriéndose a Iris Magnolia Mendoza, quien también fue recientemente nombrada como directora jurídica de la entidad binacional por el nuevo director paraguayo, José Alberto Alderete.

“Hoy vivimos un tiempo en el que las exigencias son muy grandes y con una sociedad muy informada lógicamente quien ocupe un cargo, sea permanente o transitorio, debe rendir cuentas de manera casi sistemática de su actuar”, afirmó el parlamentario colorado.

Al ser consultado por qué se elige a figuras políticas con antecedentes judiciales, Ovelar afirmó que “muchas veces en un proyecto político tenemos que dar una oportunidad a aquellos que nos han acompañado”, dando cuenta de que varios nombramientos y designaciones, como el caso de Ibáñez, corresponden a cupos políticos.

Asimismo, el senador admitió que efectivamente hay favores políticos que cumplir. “Muchas veces uno debe ser consecuente con la nucleación política que le permitió acceder al cargo, de ahí a que los hombres elegidos agraden o no ya es otra cuestión”, expresó a los medios de prensa.

Sobre este mismo punto, acotó que “en todo el mundo los partidos que llegan al gobierno llevan a hombres que están identificados con ese proyecto”.

“El Partido Colorado es un partido policlasista y amplio que tiene referentes en todos los niveles. En el caso específico del doctor Ibáñez es un hombre que es conocido por su formación en el campo agropecuario, los cuestionamientos que vinieron después cuando fue ministro no han llegado al grado de una sentencia judicial”, manifestó Silvio Ovelar, aunque dijo que con eso no pretende justificar su nombramiento alegando que “para las designaciones que hoy se están haciendo es lógico que se busque a actores políticos que se identificaron con Mario Abdo Benítez”.

El mismo considera que el presidente Mario Abdo Benítez desde un principio no se presentó como “un santo inmaculado” y no cree que tenga un doble discurso porque ya se había comprometido a privilegiar la meritocracia, dando a entender que el jefe de Estado puede cometer errores como cualquier persona. “Como gobernante, merece tener un tiempo de gracia para demostrar que sus acciones son consecuentes con su discurso de campaña”, puntualizó.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.