A través de una resolución con fecha 14 de febrero de 2018, la actual jefa comunal de Ciudad del Este se encargó de dejar sin efecto las disposiciones y actos administrativos que habían sido resueltas durante el breve periodo en el que el concejal Celso Miranda estuvo como intendente.

El documento señala que, preliminarmente, los actos por los cuales Miranda ingresó como intendente se hallan “en discusión” y, por ende, podría considerarse que los mismos no han cumplido íntegramente los principios legales, siendo “nulos y sin ningún valor”.

Asimismo, resalta que la designación de “Kelembú” como jefe comunal había quedado sin efecto a través de una resolución emanada de la propia Cámara de Diputados (órgano encargado de analizar la intervención al municipio), haciendo lugar a la destitución de Sandra McLeod como intendenta de Ciudad del Este.

En otro orden de cosas, el texto refiere que la propia Junta Municipal designó a Perla Rodríguez de Cabral como intendenta interina “hasta que asuma el nuevo intendente electo y sea proclamado por el Tribunal Electoral para completar el periodo restante 2015-2020”.

“El señor Celso Miranda no llegó a asumir legalmente el cargo, dado que para ello es necesario un traspaso de mando con el corte administrativo que debe anteceder para las tomas de decisiones que correspondan”, indica la resolución.

Algunas de las disposiciones que quedan sin efecto con esta resolución son:

*Nombramiento de Roberto Carlos López Cáceres como Secretario General de la Municipalidad de Ciudad del Este.

*Designación de Gustavo González Maldonado como Jefe de Seguridad de la Municipalidad de Ciudad del Este.

*Designación de Alfredo Diosnel Troche como Jefe de Seguridad de la Escuela Municipal de Artes y Oficios.

*Designación de Rafael Serna como Vicedirector de la Dirección de Tránsito municipal.

*Nombramiento de Abilio Lezcano como Director de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de CDE.

*Nombramiento de Rafael Esquivel como Jefe del Museo Municipal “El Mensú”.

*Asignación de bonificaciones al secretario general de la municipalidad, Roberto Carlos López Cáceres, con un monto de G. 2.000.000.

*Nombramiento de Leongino Viana López como Director de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.