Christian Ruiz Díaz, director de financiamiento político del TSJE, indicó al canal GEN que las organizaciones no gubernamentales Alma Cívica y Decidamos se postularon para ser observadoras en las elecciones generales. La Justicia Electoral emplazó a ambas para que presenten mayor documentación, a más tardar mañana miércoles.

En el caso de Alma Cívica, de la Concertación Nacional, el TSJE precisa conocer la resolución de la última asamblea donde se designó el actual consejo directivo. “Necesitamos saber quiénes son sus autoridades actuales. No sabemos si son jueces y parte por eso pedimos la documentación”, refirió. A la otra ONG pidieron que detalle las actividades que van a realizar, como la boca de urna, sondeos de opinión, etc.

Por otro lado dijo que están confiados en el TREP, ante el anuncio de Efraín Alegre de un conteo paralelo al TSJE.

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Ayer, el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Jaime Bestard explicó que la reglamentación de la institución electoral es muy clara sobre las organizaciones no gubernamentales u otras organizaciones que apunten a la misión de observación en las elecciones nacionales próximas. En este sentido, refirió que claramente estos grupos no pueden tener una vinculación ni injerencias políticas.

“Nosotros sacamos un reglamento que es muy riguroso en el que se establece claramente cuáles son los requisitos que tienen que cumplir cualquier grupo que quiera hacer misión de observación, eso incluye absoluta falta de vinculación a la política, no deben tener ninguna injerencia”, refirió en entrevista al programa “Así son las cosas” de radio Universo 970 AM/Nación Media.

La aclaración del ministro electoral se da entorno a la ONG vinculada a la Concertación Nacional, ya que la candidata a la Vicepresidencia, Soledad Núñez, creó la organización en el 2020, de acuerdo a las publicaciones realizadas por el equipo de investigación de La Nación.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.