El Partido Patria Querida emitió ayer un comunicado en el cual hace mención a la renuncia de Jorge Oviedo Matto, electo como senador nacional por el partido UNACE en las últimas elecciones generales del mes de abril.

En el texto, sostiene que “en Paraguay adoptamos como forma de gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, según lo establece la Constitución”, además que “el pueblo ejerció su soberanía a través del sufragio” en los comicios de abril.

Teniendo en cuenta que el partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) logró un escaño para la Cámara de Senadores en dichas elecciones con la candidatura de Oviedo Matto, el PQ afirma que “la banca del UNACE ganada a través del voto popular corresponde al UNACE”.

Que prime la voluntad popular. pic.twitter.com/WvlVNQRoyc

— PATRIA QUERIDA (@patriaquerida) 5 de septiembre de 2018

El senador Stephan Rasmussen (PQ) manifestó a la 970 AM que el comunicado fue elaborado luego de varios análisis jurídicos y de derecho constitucional.

“La lista de suplentes, como lo configura el TSJE, no está estipulado que se defina por el sistema D’hondt, ni tampoco en la Constitución ni en el Código Electoral. La forma en la que hoy se configura la suplencia va en contra de los partidos chicos, sobre todo los que logran dos o tres bancas en la Cámara de Senadores”, afirmó.

A su criterio, no tiene mucha lógica que un partido pierda su escaño por la renuncia de su senador titular como ocurre en este caso y que otra agrupación política (como la ANR o el PLRA) la obtenga sin haber recibido esos votos en las elecciones.

Rasmussen cuestionó el hecho de que existan solamente 30 suplentes para la Cámara Alta, considerando que en total son 45 parlamentarios, y adelantó que desde Patria Querida presentarán un proyecto de ley para modificar el Código Electoral y tratar de garantizar que ningún senador quede sin su suplente.

Actualmente existe una disputa entre el Partido Colorado y el Partido Liberal por la banca de Jorge Oviedo Matto pues desde ambas agrupaciones aseguran que, ante la falta de un suplente definido, dicho escaño le corresponde a uno de sus representantes.

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.