La senadora Esperanza Martínez afirmó que en este caso del acta bilateral y las negociaciones se dio en forma interna y no se puede hablar de un complot externo para el pedido de juicio político al presidente y vicepresidente de la República, Mario Abdo y Hugo Velázquez, respectivamente.

Afirmó que si los intereses del país fueron entregados en las negociaciones no hay condiciones para que continúe el equipo de gobierno actual.

“El propio gobierno estalla en crisis interna y es el inicio de lo que va a concluir con el juicio político luego de enterarnos progresivamente de la complicidad del vice presidente y los hechos que son sumamente preocupantes”, afirmó en contacto con la 970 AM.

Destacó que el gobierno lleva un año y los cuatro restantes son tiempos estratégicos para la República del Paraguay ya que en el 2023 es la oportunidad de rever las condiciones del Tratado de Itaipú para dar un paso estratégico hacia el desarrollo del país.

“Con un nuevo tratado será el término de la deuda de 2 mil millones de dólares y la renegociación debe apuntar a la utilización del 50 por ciento de la energía que nos pertenece, poder venderla y utilizarla para atraer industrias, generar mano de obra, reformar la salud, la educación. Es la llave estratégica de pasar de una situación de crisis económica a una posibilidad de un Paraguay que avance hacia caminos de desarrollo y de igualdad social”, indicó.

Martínez señaló que existen muchos intereses en juego al referirse a los sectores que afirman no acompañar el juicio político al presidente. “No tenemos la dimensión de qué estaban negociando detrás de esto y detrás de las decisiones de cualquiera de los senadores pesan intereses y hay que preguntar qué defienden con el voto o los intereses de la República o cuáles?”, puntualizó.

“¿Qué harán ahora ciertos medios, que antes celebraban la decisión del Senado de no incorporar a Horacio Cartes como Senador a pesar de las resoluciones favorables, ahora que la situación ha cambiado? Este es el problema que generan ciertos medios a la democracia”, escribió Tuma en su cuenta de X.

En las elecciones generales del 2018, Horacio Cartes se candidató como senador de la nación. Para el efecto, el 11 de abril de ese año, la Corte Suprema de Justicia dio via libre a su candidatura, al declararla constitucional.

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Con este aval, Cartes participó de esos comicios, cuyos resultados lo ubicaron como el senador más votado. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) proclamó su candidatura.

Sin embargo, llegado el momento del juramento, el entonces titular del Congreso, Fernando Lugo, decidió no convocar a Cartes y en su lugar llamó a Rodolfo Friedmann, pese a no haber sido electo ni proclamado, requisitos indispensables para jurar.

Lugo hizo una interpretación de la Carta Magna y se tomó las atribuciones de la máxima instancia judicial, la única habilitada para la interpretación de la Constitución. Todo esto, pese a que existían documentos que lo obligaban a llamar a Cartes. Del mismo modo obró con Nicanor, en cuyo reemplazo ingresó Mirta Gusinky.

En aquel entonces, la posición de los medios anticartistas era la contraria a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Hoy, en cambio, se declaran institucionalistas y muy apegados a lo que dicten las leyes y disposiciones judiciales. Es decir, en el fondo, no se trata de que la discusión sea institucional o constitucional, sino quién sea el involucrado, para, a partir de allí, mostrarse a favor o en contra.

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El fallo y Sentencia N° 5/2024 del TSJE con fecha 13 de junio de 2024, indica que “no existe violación del debido proceso, ni se han observado, ni aplicado de manera errónea las leyes electorales vigentes”

El documento agrega que no se observa ninguna vulneración de los derechos de la legítima defensa traducida, “por tanto no se vislumbra fundamento alguno que amerite revocar lo resuelto por el tribunal”.

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Cabe recordar que el 20 de junio de 2023, por unanimidad, el Tribunal de Conducta del Partido Colorado expulsó de su padrón a Gerardo Soria por transgredir el código de ética del estatuto partidario.

Gerardo Soria tiene en su haber un sinfín de denuncias que llevaron al Tribunal de Conducta de la ANR a iniciar un juicio en su contra y la posterior decisión de expulsión.

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En su tiempo fue conocido como “jefe de escritorio” de Itaipú, acusado de no acompañar a la lista 1 en las elecciones del 30 de abril del 2023, lo cual representó una transgresión contra la institución y contra las autoridades electas.

El dictamen de la Fiscalía General del Estado aconseja a la Corte hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González y en consecuencia, se deje sin efecto la resolución por la que se dio su pérdida de investidura.

“La Cámara Alta al resolver sobre la pérdida de investidura de la senadora Kattya González ha tomado un camino diferente al tratado en la resolución en cuanto al procedimiento y la mayoría requerida”, expresa el documento.

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La Fiscalía agrega que el procedimiento fue “inconstitucional” al soslayar la resolución de la pérdida de investidura reglamentada por la Cámara Alta.

Cabe recordar que a finales del mes de abril, la Sala Constitucional de la Corte dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Katya González en contra de su destitución del Senado. Sin embargo, rechazó la medida cautelar para que sea reincorporada a su banca.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

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El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.