Christian Ruiz Díaz, director de financiamiento político del TSJE, explicó que, la Justicia Electoral emitió una resolución que reglamenta la participación de personas jurídicas de carácter nacional para ser reconocidas como observadoras de los comicios.

A la fecha, las organizaciones no gubernamentales Alma Cívica y Decidamos son las únicas que expresaron su intención de participar.

La solicitud fue procesada, sin embargo, se les dio un plazo de tres días hábiles, que concluye el miércoles, para entregar documentaciones que aseguren la neutralidad y la imparcialidad, como parte de un mecanismo que se aplica a todos los organismos que pretendan ser observadores.

“Faltaron documentos que creemos son indispensables para determinar la neutralidad, a una le solicitamos el acta de asamblea por la cual se designó al último consejo directivo, porque no puede estar integrada por candidatos, a otra le consultamos qué tipo de actividades piensan realizar el día de las elecciones, entre ellas, la transmisión de resultados preliminares”, comentó Ruiz Díaz, en entrevista con radio Universo- Nación Media.

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En tal sentido, integrantes y “voluntarios” de Alma Cívica, ONG de la Concertación, se pasa haciendo publicaciones en redes sociales, con campañas en contra de la ANR y a favor de Efraín Alegre. Para muestra, algunas capturas:

Fernando Maidana, coordinador de programa de ONG creada por Soledad Núñez y que es financiado por PNUD, pide votar por la Concertación.

Selene Rodríguez, beneficiaria de proyectos de empresa de Defelippe, fanática de la Concertación y observadora electoral de Alma Cívica.

El director aclaró que, los observadores solamente pueden tomar nota y hacer recomendaciones, las cuales, no son vinculantes. Sin embargo, no pueden practicar el proselitismo ni intervenir en la mesa receptora de votos ni inmiscuirse en actividades exclusivas de los agentes electorales.

Respecto al financiamiento de las ONG’s, no se recurre ni se da intervención a la Seprelad, sino que son las propias organizaciones las que deben responder posteriormente.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.