Padres de la escuela “Espíritu Santo”, ubicada en el Área 4 de Ciudad del Este, denunciaron días atrás que desde la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) les habían exigido un “aporte voluntario” para poder inscribir a sus hijos en la institución.

La viceministra de Educación, María del Carmen Giménez, en entrevista con Radio Uno habló sobre este tema y señaló que es una costumbre recurrente que se viene arrastrando desde hace tiempo en diversas instituciones educativas.

En tal sentido, señaló que las familias colaboran bastante con las escuelas públicas, sobre todo con las de gestión oficial, destacando que varios padres están asociados y organizados, ya sea a nivel institucional o por grado, para aportar en la medida de sus posibilidades.

“Las escuelas públicas no tienen todos los recursos que debieran tener, por ello la ayuda de los padres es valiosa y colabora para que los chicos estén en mejor condición de estudio, pero es recurrente este tema de denuncias, aunque en menor medida este año”, expresó Giménez a la 650 AM.

La viceministra afirmó de manera contundente que cualquier tipo de colaboración o aporte económico es bienvenido, pero que no se puede obligar o presionar a las familias para el pago de un arancel o cuota social al inscribir a los alumnos, enfatizando que es “un aporte que se dice voluntario pero finalmente es obligatorio”.

Asimismo, dijo que no se puede condicionar el ingreso del niño o niña al servicio educativo exigiendo a los padres el pago de aranceles, teniendo en cuenta que el servicio educativo en las instituciones oficiales es absolutamente gratuito y obligatorio.

“Hemos orientado constantemente sobre esto, incluso para no forzar estos cobros en tiempos de cierre administrativo cuando se deben retirar las libretas o certificados de estudio, o sino al inicio del año”, mencionó.

Giménez sostuvo que al ser un derecho de los estudiantes el acceder al sistema educativo público, también es importante que las familias ejerzan ese derecho hablando con claridad a los encargados del cobro (asociaciones de cooperación escolar), inclusive apelando al director de la institución de ser necesario en caso de que no puedan “defenderse” de la asociación de padres que les obligan a pagar.

“Entendemos que la escuela pública requiere de una mayor inversión y a veces se compensa ante el déficit del Estado con la ayuda de las familias, en muchos casos las escuelas están en buen estado gracias al apoyo de las familias, pero ese apoyo se debe separarlo de la obligatoriedad y del cobro compulsivo, sobre todo en momentos de cierre académico e inicios del año”, sentenció.

A través de sus redes sociales, Santiago Peña reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo de garantizar la libertad de expresión para que los medios realicen su tarea sin impedimentos.

“¡Feliz Día del Periodista! Hoy recordamos el papel fundamental de quienes nos informan y velan por nuestra democracia”, expresó Peña.

La fecha que conmemora el Día del Periodista fue fijada en recordación al primer periódico publicado en el país: “El Paraguayo Independiente” el 26 de abril de 1845,

También un 26 de abril, pero de 1991, fue asesinado por la mafia el periodista Santiago Leguizamón, por informar la verdad a través de los medios.

Esta semana, el Poder Legislativo fue un escenario hostil para la prensa, cuando el diputado Yamil Esgaib reaccionó de manera agresiva contra dos periodistas, a quienes agarró de las muñecas y arrojó sus respectivos micrófonos.

Todo por la molestia que le generó la pregunta acerca del nombramiento de su hija en la Cancillería con un salario de 21 millones de guaraníes.

Ayer, en un operativo conjunto entre la ANDE, el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, se realizó una intervención en un inmueble, ubicado en el Km 14 Monday, ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Este local contaba con un suministro en Baja Tensión a nombre de Ramón Martínez, con NIS 3236093, medidor N°3871845, y presumiblemente se encontraba con conexión directa en Media Tensión con un transformador de 1.000 kVA, ya que no contaba con placa identificatoria al momento de la verificación.

Como parte del procedimiento, la ANDE realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por los delitos de “sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos, así como sabotaje”. El fiscal Alcides Giménez encabezó el allanamiento que derivó en la incautación de un total de 476 procesadores de Criptominería, además del mencionado transformador.

Todos los elementos fueron trasladados al depósito de la fiscalía, bajo la responsabilidad del fiscal interviniente. Asimismo, se retiraron aproximadamente 300 metros de línea en Media Tensión, además de la acometida del inmueble.

Según el análisis realizado por la ANDE, el daño patrimonial mensual se estima que alrededor alrededor de G. 270.000.000. Este monto, además de los costos derivados de la intervención y la aplicación de la multa, deberán ser abonados por los responsables.

Fiscalía y policía realizaron hoy varios allanamientos en la ciudad de Limpio, departamento Central, tras los pasos de una banda de ladrones.

Detuvieron a dos hombres implicados en una seguidilla de robos domiciliarios con un ingrediente “novedoso”: el uso de sofisticados inhibidores de alarmas de viviendas, las cuales eran desactivadas por el tiempo en que los delincuentes vaciaban las casas de las víctimas.

“Son personas que activaban inhibidores para anular las alarmas, lo que simplificaba sus acciones. Hay que destacar el trabajo de la Policía para las detenciones”, señalo la fiscal Sara Torres en comunicación con la 1020 AM.

la detención de los dos sujetos se suma a otras aprehensiones de miembros de la misma banda.

De acuerdo a investigadores, los delincuentes fichaban los comercios y viviendas y procedían a aplicar sus dispositivos para desactivar los sistemas de control electrónicos.

El uso de estos artefactos era, hasta ahora, usado solo para inhibir los GPS de vehículos robados, así como para robar autos.

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