El dictamen número 133/17 está firmado por los senadores Oscar González Daher (ANR), Jorge Oviedo Matto (Unace), Esperanza Martínez (FG), Ramón Gómez Verlangieri (PLRA). No rubricaron el documento el presidente de la comisión, Carlos Amarilla (PLRA), y el vicepresidente Oscar Salomón (ANR).

En medio de la confusión el senador Julio César Velázquez se autoproclamó presidente del Senado y dio entrada al proyecto de los senadores pro-enmienda, consistente en la modificación del reglamento interno. Esto generó la reacción de los disidentes y opositores, mientras los demás legisladores se retiraban del salón.

Los artículos que quieren modificar del reglamento son el 11 (de la conformación de la mesa directiva), el 41 inciso ll (evitar que el presidente del Senado retenga documentos recibidos) y el 117 (de las mociones sobre tablas que no precisen dictamen de comisión). Los cambios son impulsados por congresistas cartistas, llanistas (PLRA) y luguistas (FG), que quieren modificar la Constitución Nacional para introducir la figura de la reelección presidencial.

Desde el 24 de agosto de 2019, Marset entraba y salía del país, utilizando a la vez la identidad (falsa) de Gabriel de Souza Beumer, con nacionalidad boliviana y la suya.

De la noche a la mañana, Marset instaló su relato de ser “empresario de eventos”, bajo cuyo membrete comenzó a establecer contactos, entre otros, con Miguel ‘Tío Rico’ Insfràn. A través de este, a su vez, conectó con personas que en ese tiempo, estaban estrechamente ligadas al poder comandado por Mario Abdo Benítez. Entidades como la Senad, Policia, Dinac, entre las principales, cooperaban con la sociedad Marset-Insfràn, para constrir en un breve lapso, uno de los carteles narco más activos en los envíos a gran escala de cocaína a Europa.

Entes como la Dirección de Inteligencia Técnica de la Senad (comandado primero por Arnaldo Giuzzio y luego por su mano derecha, Zully Rolòn) proveían información clasificada Tìo Rico Infràn y a su grupo, para evitar caídas de envíos de droga, o aprehensiones de sus cuadros principales.

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En la Dinac (que maneja los aeropuertos nacionales) la sociedad Marset- Tio Rico también tenía trato privilegiado. Aparatos de scanner ‘ciegos’ que no detectaban drogas y armas que salían (o entraban) del país. Y funcionarios complicados con los esquemas criminales, constituyeron la constante durante la administración de Abdo Benítez.

Además de los organismos oficiales que prestaban servicios de información y protección al esquema narco, había otras entidades del Estado que oficiaban de herramientas para el lavado de dinero proveniente del crimen.

Un caso emblemático de esto, fue el episodio que involucró a Joaquín Roa (hoy preso), ministro de Emergencia Nacional de Abdo Benitez.

La fiscalía demostró que el entonces ministro Roa, amañó licitaciones para favorecer a la sociedad Marset-Insfràn, a través de con Alberto Koube Ayala (hoy preso). El amaño -consigna el Ministerio Público- fue en torno a millonarias compras supuestas de techos de zinc para ser destinados a familias cuyas viviendas fueron dañadas por varios episodios de tormentas. Las compras de esas chapas nunca existieron, y la maniobra ficticia sirvió no solo para apropiarse de dinero público, sino de lavar dinero que surgían de las transacciones narco.

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Un Tribunal de Sentencia condenó a 15 años de cárcel al ex policía José Carlos Morel, por el feminicidio de la docente María Isabel Vega, que ocurrió en febrero del 2023.

Para los jueces Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre se probó que el exuniformado cometió el feminicidio, además que entre ambas personas existió una relación sentimental, y por ende determinaron la sanción.

Durante el juicio, el exuniformado alegó que supuestamente no quiso matarla, sino que intentó suicidarse frente a la mujer, pero que esta lo evitó, momento en que el arma se disparó y acabó con su vida.

El fiscal Luis Caballero había solicitado 30 años de cárcel para Morel, por lo que, tras conocer la condena de solo 15 años, anunció que presentará una apelación para intentar aumentar la pena para el feminicida.

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El feminicidio ocurrió en una calle paralela a la Transchaco, a unos 150 metros del túnel Semidei, en Loma Pytá, el 1 de febrero del 2023.

Resultó víctima una mujer de nombre María Isabel Vera, docente del colegio San Agustín, quien fue ultimada con arma de fuego. Recibió tres disparos, uno en el tórax, otro en el antebrazo derecho y otro en la rodilla, los dos primeros, con orificio de entrada y salida.

Fue responsable del crimen el suboficial superior retirado José Carlos Morel Chamorro, quien intentó autoeliminarse son su propia arma, después de cometer el hecho, sin embargo, su hijo, un policía activo, lo impidió y lo arrestó.

La agente fiscal Irma Concepción Arias Barreto, como representante del Ministerio Público de la ciudad de Itacurubi del Rosario, logró demostrar la participación de Domingo Acosta y su hijo Richar Fabián Acosta Báez, en un hecho punible de robo agravado. Ambos fueron condenados a 14 y 7 años de prisión, respectivamente.

El hecho investigado habría ocurrido el 10 de julio del año 2021, alrededor de las 08:00 horas de la mañana, en el interior de una vivienda, en la compañía Mbocayaty, distrito de Itacurubi del Rosario, San Pedro. En la ocasión, los acusados con armas de fuego y cuchillo en mano, irrumpieron de manera violenta la vivienda familiar de una pareja de avanzada edad. Los malvivientes maniataron, amordazaron y encerraron en un baño a la señora dueña de casa, mientras que a su marido le aplicaron varios golpes para vencer su resistencia.

Los ahora condenados lograron alzarse con dinero en efectivo, la suma de 3.800.000 guaraníes y varios otros objetos de valor como aparatos celulares, una desmalezadora, armas de fuego, electrodomésticos, y documentos personales de las víctimas, para luego darse a la fuga.

Durante un allanamiento realizado en el domicilio de los señores Domingo Acosta y Richar Fabián Acosta, ubicado en la Calle Pa’i Luis, barrio San Antonio de Itacurubi del Rosario, se pudo recuperar varios de los objetos robados, pertenecientes a las víctimas, lográndose inclusive incautar el arma de fuego utilizado por el mismo para perpetrar el hecho, que posteriormente fuera reconocida por las víctimas.