“Es un revés muy importante para la Fiscalía, esto viene a romper la seguridad jurídica por una cuestión que bien podía debatirse en una audiencia preliminar, entonces la Corte en una acción de inconstitucionalidad resuelve suspender todas las resoluciones por las cuales habilitaba la realización de una audiencia. Esto significa que el proceso penal cuya primera etapa culminó, tenía que desarrollarse la segunda etapa donde se hace la audiencia y nos quedamos sin eso. Sabiendo cómo funciona la Corte lo más probable es que esto no tenga una fecha y tengamos que estar expectantes, esto puede extinguirse o prescribir”, expresó el representante del Ministerio Público en conversación con radio UNO.

Espinoza insistió que esta situación no se da con todos los procesados, es decir, no existen precedentes de una decisión similar. Agregó que se interponen intereses personales por sobre los generales del país. “Es difícil para la Fiscalía litigar en estas condiciones porque todo lo que nosotros hacemos como órgano investigador queda en la nada. Lo más triste y que crea incertidumbre en los fiscales de Delitos Económicos que si se declara la prescripción o extinción vendrán denuncias de todos lados por haber hecho el trabajo”, declaró el fiscal adjunto.

Afirmó que el caso Filizzola abre una puerta enorme para que cualquier imputado solicite lo mismo., a la máxima instancia judicial. “Esto afecta de una manera sumamente negativa a la labor del Ministerio Público, consideramos que esto es una falta a la seguridad jurídica, eso no puede ser, es una vergüenza. Es sumamente grave, es incalculable el tremendo daño que la resolución le hace al sistema de justicia”, sentenció.

Abogados penalistas consultados por HOY sostienen que la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es a todas luces una resolución de favor. La garantía de ser oído se cumple a través de la declaración indagatoria. El acta de imputación es una simple comunicación al juez de que existe una sospecha de la existencia de delitos y la participación del imputado y con eso se inicia formalmente el proceso.

El exministro del Interior está procesado por el desembolso de cerca de G 1.200 millones para la refacción de 24 comisarías del área metropolitana. Sin embargo, las obras nunca fueron ejecutadas, según la Fiscalía. En noviembre de 2010 la empresa Todo Verde Emprendimientos fue adjudicada para la “adecuación edilicia” de todas las comisarías capitalinas por un monto total de G 1.131.812.500. La licitación era para construcciones de baños para hombres y mujeres en las comisarías, además de celdas.

Las obras se iniciaron el 25 de enero de 2011 y debían terminarse en dos meses, excepto en la Comisaría 19°, donde se necesitarían tres meses para las construcciones. La empresa cobró la totalidad del dinero apenas dos días del inicio de las obras. Además de Filizzola, están procesadas otras seis personas, entre ellas, funcionarios de la institución pública y el propietario de la empresa adjudicada.

La fiscal Lourdes María Soto, agente fiscal de la Unidad Pena 3 de Coronel Oviedo, dispuso la captura y detención de un hincha de Presidente Franco que hirió a una mujer durante la final del Nacional de salonismo.

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Se trata de Gustavo Daniel Barreto Patiño, de 22 años, domiciliado en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

Las imágenes de las cámaras captaron al autor de los disparos con hondita. El joven se encontraba en la gradería donde estaba la hinchada de Presidente Franco, ya identificado por la Policía. Varias otras personas sufrieron heridas en diversas partes del cuerpo, con los balines de plomo.

El criminal acto fue denunciado incluso por parte de personas que estaban con él. Señalaron que resulta evidente que el joven fue con la intención de agredir, ya que contaba con importante cantidad de proyectiles.

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A través de sus redes sociales, Santiago Peña reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo de garantizar la libertad de expresión para que los medios realicen su tarea sin impedimentos.

“¡Feliz Día del Periodista! Hoy recordamos el papel fundamental de quienes nos informan y velan por nuestra democracia”, expresó Peña.

La fecha que conmemora el Día del Periodista fue fijada en recordación al primer periódico publicado en el país: “El Paraguayo Independiente” el 26 de abril de 1845,

También un 26 de abril, pero de 1991, fue asesinado por la mafia el periodista Santiago Leguizamón, por informar la verdad a través de los medios.

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Esta semana, el Poder Legislativo fue un escenario hostil para la prensa, cuando el diputado Yamil Esgaib reaccionó de manera agresiva contra dos periodistas, a quienes agarró de las muñecas y arrojó sus respectivos micrófonos.

Todo por la molestia que le generó la pregunta acerca del nombramiento de su hija en la Cancillería con un salario de 21 millones de guaraníes. Tras el exabrupto, la diputada Rocío Vallejo impulsó un proyecto para sancionar a Esgaib con una suspensión por 60 días sin goce de sueldo. Sin embargo, el oficialismo lo salvó.

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Ayer, en un operativo conjunto entre la ANDE, el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, se realizó una intervención en un inmueble, ubicado en el Km 14 Monday, ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Este local contaba con un suministro en Baja Tensión a nombre de Ramón Martínez, con NIS 3236093, medidor N°3871845, y presumiblemente se encontraba con conexión directa en Media Tensión con un transformador de 1.000 kVA, ya que no contaba con placa identificatoria al momento de la verificación.

Como parte del procedimiento, la ANDE realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por los delitos de “sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos, así como sabotaje”. El fiscal Alcides Giménez encabezó el allanamiento que derivó en la incautación de un total de 476 procesadores de Criptominería, además del mencionado transformador.

Todos los elementos fueron trasladados al depósito de la fiscalía, bajo la responsabilidad del fiscal interviniente. Asimismo, se retiraron aproximadamente 300 metros de línea en Media Tensión, además de la acometida del inmueble.

Según el análisis realizado por la ANDE, el daño patrimonial mensual se estima que alrededor alrededor de G. 270.000.000. Este monto, además de los costos derivados de la intervención y la aplicación de la multa, deberán ser abonados por los responsables.