Bruno Migliore, presidente del Consejo de Administración del Paraná Country Club, informó que desde hace 10 días se están tomando todas las medidas posibles para evitar el ingreso del virus al mencionado barrio cerrado ubicado en Hernandarias.

En ese sentido, Migliore señaló que cuatro miembros de dicha comunidad estuvieron presentes en el festejo de un cumpleaños en Foz de Yguazu, evento del cual también participó la empresaria brasileña a la que este miércoles se le confirmó que posee coronaviurs.

“Esas personas hoy están guardando cuarentena aquí adentro. El caso ya ha sido comunicado a las autoridades sanitarias y se está dando un seguimiento”, indicó Migliore en comunicación con Universo 970 AM y el canal GEN.

Señaló además que identificaron a 14 personas que vinieron del extranjero en los últimos días y tienen actualmente la obligación de guardar cuarentena dentro de sus viviendas en el country.

Migliore comentó que el Paraná Country posee 1.200 viviendas y están desarrollando todo el protocolo sanitario recomendado por el Ministerio de Salud y la administración hará las denuncias pertinentes ante la Fiscalía, si la situación amerita.

Fernando Kiessel Bejarano, funcionario municipal, fue detenido esta mañana durante un allanamiento realizado en Santísima Trinidad, luego de ser identificado en imágenes del circuito cerrado, como el autor del incendio de la Caja Municipal.

“Para el momento del hecho utilizó ropas de color negro y encontramos el calzado que se ve en el circuito”, explicó el Crio. César Diarte, jefe del Departamento de Investigación de la Policía Nacional.

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El detenido manifestó que otras personas, presuntamente altos funcionarios, lo contrataron para provocar el incendio. Los implicados estarían interesados no solamente en la destrucción de ciertos documentos, sino también en el rescate de ciertos documentos.

Los operativos continuarán ahora en busca de los cerebros de este grave hecho, denunciado con anterioridad por los propios jubilados, quienes, la noche antes del siniestros acamparon frente a la sede de la Caja Municipal, de donde finalmente fueron desalojados.

Los jubilados señalaron que las áreas devoradas por las llamas contenían documentos relacionados a investigaciones de malversaciones y robos perpetrados contra intereses de jubilados y aportantes de la Caja.

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El cierre de un caso lleva a la apertura de otro. Esto puede suceder con la acusación fiscal presentada contra el narcotraficante Miguel Insfrán, alias Tío Rico, donde la transcripción de conversaciones vía Whatsapp destapan una olla de impunidad y complicidad de un exfuncionario de la Senad con el crimen organizado.

En la transcripción de chats entre Insfrán y Sebastián Marset, Tío Rico se jacta de su contacto de la Senad para zafar de todo operativo en su contra y despotrica contra la división SIU (Unidad de Información Sensible, en español) que es donde “lo mordieron”.

“Este es el más claro ejemplo de que esto era un arco libre”, dijo esta mañana el titular de la Senad, Jalil Rachid, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

El ministro señaló que, solamente a partir de estas conversaciones filtradas se puede ver un “concurso gigantesco de hechos punibles”, por el dinero que recibía el funcionario de la Senad, hombre de confianza de Arnaldo Giuzzio y de Mario Abdo Benítez, a cambio de alertar sobre los procedimientos antidrogas.

Asociación criminal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y violación de la confidencialidad del secreto profesional son algunos de los delitos que saltan a la vista, a criterio de Rachid, quien sostiene que, si él fuera fiscal, abriría una carpeta al respecto.

Lo primero, por la asociación entre el funcionario y un eslabón principalísimo del narcotráfico, lo segundo, porque el mimado de Giuzzio no tendría cómo justificar el dinero que recibía y, en caso de pretender depositarlo en un banco o entidad financiera, tendría que hacer un lavado. Por último, la grave filtración información de carácter confidencial.

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Durante mucho tiempo se describió como un arco libre el levantamiento de controles y la exclusión de canes antidrogas que olfateaban y detectaban estupefacientes ocultos entre las cargas que llegaban a los puertos y puestos fronterizos. Todo esto, por orden del entonces ministro Arnaldo Giuzzio.

Si bien en la sumatoria esto representaba grandes volúmenes de drogas, este ejemplo quedó corto frente al nexo directo que tenía uno de los capos de la mafia, Miguel Insfrán, con el funcionario antidrogas de confianza de Giuzzio y Abdo, quien le permitía evitar todo posible operativo en su contra.

Arnaldo Giuzzio reconoció que este funcionario era de su más entera confianza y dijo que le extraña mucho que ahora se lo vincule al narco Miguel Insfrán.

Víctor Villaverde, fiscal que investiga el asalto en el que, uno de los delincuentes fue abatido por la víctima, tomó declaración al agente Lince y chofer de Bolt Sergio Vega Morales (28) y posteriormente dispuso dejarlo en libertad, sin ninguna imputación, pero sujeto a la investigación.

“Manifestó que fue víctima de un intento de asalto, le pusieron un cuchillo en el cuello y tomó su arma personal que tenía en el auto, realizó un disparo hacia atrás y le impactó en el pecho a la persona”, comentó el fiscal Villaverde.

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El representante del Ministerio Público señaló que la hipótesis que mayor fuerza cobra es la de la legítima defensa, por tanto, la medida que de momento corresponde es dejar libre al chofer mientras la investigación sigue abierta.

“Está libre y con fuertes posibilidades de que el homicidio que cometió tenga una exculpación por la acción de la legítima defensa”, subrayó, en un contacto con la emisora 1020 AM.

No obstante, están pendientes los informes balísticos y las pericias para cerrar la pesquisa y confirmar lo que ya se maneja en base a los testimonios y las evidencias.

Por su parte, Ricardo Benítez, el cómplice del delincuente, fue imputado por tentativa de robo agravado y tendrá medida cautelar de prisión.

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