El comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Dante Leguizamón, declaró que a la falta de agua potable, se le deben sumar la falta de acceso a la salud, educación y atención primaria. Existen cárceles en donde el servicio de provisión del líquido vital es solamente por horarios determinados, mientras que en algunos se observa la ausencia del mismo por varios días.

“Los pabellones más pobres son los que no acceden al agua, muchas veces deben incluso pagar para poder tener un poco de agua”, dijo a La Unión.

Según el informe, se observa un promedio diario de 14 horas de acceso al agua en todas las cárceles a nivel país. En el caso de los penales de mujeres, el 73,5% de la población tiene agua potable las 24 hs y el 100% de las mujeres tiene acceso por más de once horas al día. En el caso de los penales masculinos, sólo el 37% tiene acceso al agua durante todo el día y el 44,4% por un promedio de 12 horas.

En general, se encontró que existen casos extremos donde el 11,9% de las personas privadas de su libertad no tienen acceso al agua potable en sus reclusorios. En el caso de ellos, deben acarrear agua desde otros sectores para consumo y almacenamiento para los horarios de reclusión celular. En el polo opuesto, existe un 39,2% de la población penitenciaria tiene agua potable sin restricciones durante las 24 horas del día.

Según los datos del 2018, en Tacumbú existen 58 espacios reclusorios celulares identificados. Sin embargo, el 19 de marzo del 2019, solamente figuraban 12 sectores en los que se distribuye una población penitenciaria de 3.469 personas. En este centro penitenciaro, el 86,9% de la población tiene acceso al agua potable entre durante más de 19 horas al día, mientras que el 6,4% entre 13 a 18 horas y el 6,7% por 12 horas o menos. La situación en el Buen Pastor es totalmente diferente. El 94,2% de la mujeres privadas tienen agua potable en sus espacios de reclusión celular durante más de 19 horas al día, mientras que 5,8% entre 13 y 18 horas diarias.

La situación en la cárcel de Emboscada es incluso más preocupante. En el pabellón Hermano, a través de la autogestión de los internos y mediante el grupo religioso que administra el lugar, se logró dar solución a la problemática del acceso al agua potable con la instalación de un tanque en el techo. Las personas privadas de libertad manifestaron que hace meses no volvieron a tener inconvenientes con el suministro desde la instalación.

En Emboscada, el 39,1% de los internos tiene acceso al agua por 5 horas diarias o menos. Sólo el 22% tiene suministro de agua potable entre 6 y 12 horas diarias. Finalmente, apenas 38,9% tiene agua potable por diecinueve o más horas al día.

Desde el 2018, en las cárceles del interior del país se cortó el suministro de agua en el interior de las celdas, pasando a ser únicamente para los pabellones. Durante el periodo de recolección de datos, el MNP constató que existen canillas incrustadas en las tuberías de incendios que se encuentran en la mayoría de los pabellones y así es como se puede acceder al agua potable. Los internos deben cargar botellas, baldes o cualquier tipo de recipiente para transportar el líquido para consumo, higiene personal, limpieza de desechos de las letrinas y de las celdas.

Otro hallazgo del Mecanismo Nacional de Prevención de Prevención de la Tortura tiene que ver con la provisión de agua en las correccionales de menores. A excepción del Centro Educativo de Itauguá, todas tienen el servicio disponible sin restricciones durante las 24 horas. En este penal, el 86,4% de los internos accede al agua potable durante 6 a 12 horas diarias y el 13,6% entre 13 y 18 horas por día.

Por último, destacan que en los establecimientos penitenciarios construidos o inaugurados después del año 2000 hay graves problemas de suministro de agua potable. Así como también mostraron que los cortes en el suministro de energía eléctrica interfieren seriamente en el sistema de bombeo del líquido, especialmente en verano, cuando estas caídas son más frecuentes.

El estudio demuestra que ante mayor hacinamiento, menor es la satisfacción de la necesidad de agua potable y el crecimiento acelerado de la población penitenciaria dificulta la solución inmediata de este problema. Asimismo, para garantizar el acceso a todos los internos, se sacrifica la eficacia en áreas vitales como el sistema de combate a incendios, generando una situación de riesgo adicional.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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