“Yo felicito la rigurosidad del dispositivo mediático, hace denuncias, algunas falsas y otras con muchas verdades, pero nos ayuda a construir una sociedad más igualitaria. No nos enojemos cuando nos critican, dejen que nos critiquen día y noche… Mi papá me decía ‘no te preocupes por lo que dicen de vos, preocupate cuando lo que empiecen a decir de vos sea verdad’. Mientras que critiquen, no temamos a rendir cuentas, que el pueblo nos lo exija cotidianamente. Estamos administrando algo que no es de ellos y ellos tienen el derecho a pedirnos que rindamos cuentas de algo que no es nuestro”, manifestó en un acto realizado en el Crédito Agrícola de Habilitación.

Actualmente, la administración de Mario Abdo está siendo criticada por todos los frentes. Desde el inicio, las designaciones de los ministros y titulares de las entidades fueron cuestionadas por todos los sectores.

El nombramiento de Carla Bacigalupo como ministra de Trabajo fue criticado por el sector de los abogados laboralistas, así como por varios empresarios. Actualmente, se encuentra en la mira de la Contraloría General de la República junto con otros cuatro ministros del Gabinete, por inconsistencias en su declaración jurada de bienes. Además, cuenta con un informe de auditoría en su contra. En el mismo, se pudo constatar una diferencia de G. 150 mil millones entre el balance e inventario de tres instituciones (Ministerio de Trabajo, SNPP y Sinafocal) y se habla de un direccionamiento de fondos irregular.

Julio Mazzoleni forma parte de la lista de los ministros fuertemente criticados. Todos los días saltan denuncias nuevas respecto al mal estado de los hospitales, la falta de medicamentos y de personal médico. Por otro lado, el titular de la cartera sanitaria pretendía contratar a amigos suyos en carácter de “asesores” con millonarios salarios.

La ministra de la Mujer, Nilda Romero, es otra de las más criticadas. Es la segunda en la lista de “ministros taha taha” y se le asignaron viáticos por G. 90.058.917 para sus 14 viajes, algunos de los cuales no tenían nada que ver con su cartera, como su excursión a Polonia para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recientemente, fue escrachada por un grupo de personas alegando que ‘no representa a las mujeres’.

La designación de Alejandro Peralta Vierci fue cuestionada desde el día 1. Entre las principales denuncias en su contra, están la arbitrariedad e improvisación con la que se maneja el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Además, varias publicaciones periodísticas revelaron la existencia de una “cúpula mimada” que estaría apadrinada por el viceministro de TIC, Miguel Martin.

Por otro lado, desde Radio Nacional denuncian que son los propios periodistas quienes denuncian la precariedad de sus condiciones laborales.

Peralta Vierci también se especializó en la persecución a quienes denuncian corrupción y mal manejo en el Ministerio. Una fuente anónima contó a HOY que el amedrentamiento se intensificó luego de que se visibilizara la forma en que los funcionarios fueron cuestionados al delatar que el MITIC estaba utilizando un dominio privado para el manejo de la información pública.

La Entidad Binacional Yacyreta no se salva de las denuncias. El secretario paraguayo del Comité Ejecutivo institución, Raúl Silva Busto, quien goza de la estre­cha confianza del presidente Mario Abdo Benítez, tendría incluso una oficina en la resi­dencia presidencial de Mburu­vicha Róga, desde donde esta­ría realizando sus operaciones de inteligencia paralela.

Rodolfo Friedmann pasó del Senado al Ministerio de Agricultura en medio de una crisis que tenía que ver con el Ministerio de Justicia. Mario Abdo Benítez lo designó a cargo de la cartera el mismo día que Jorge Samudio, alias Samura, lograba escapar del móvil que lo trasladaba al Tribunal.

Actualmente, Friedmann está sindicado de formar parte de la rosca que pedía millonarias coimas en el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). El caso se dio a conocer mediante una denuncia ex gerente de créditos de la institución Car­los Soler revela un esquema de negociados de valiosas tie­rras en el Chaco, expresidente del Indert, Horacio Torres; el exdirector del Indert zona Chaco, Enri­que Gómez de la Fuente, donde también está involucrado el ministro.

Hasta ahora, desde el MITIC y el Ministerio de la Mujer se llamaron a silencio sobre las denuncias realizas en contra de los ministros. Por otro lado, no queda clara la posición del presidente de la República respecto a Carla Bacigalupo. En lo que compete al caso del Indert, solamente Enrique Gómez de la Fuente y Carlos Soler están procesados.

El Hospital Psiquiátrico inició un proceso de conversión hacia un centro de urgencias psiquiátricas, en consonancia con la Ley N° 7.018/22. El objetivo principal descentralizar la atención de la salud mental y garantizar que ningún paciente quede sin atención.

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El Dr. Hans Buggenthin, director del Hospital Psiquiátrico, enfatizó la importancia de este paso hacia un modelo de atención más dinámico y eficiente. “A partir de la promulgación de la Ley 7.018, comenzamos el plan de reconversión del hospital Psiquiátrico en un centro de urgencias. El plan de descentralización de los consultorios implica la redistribución de nuestro personal médico y el refuerzo de los servicios descentralizados”.

Este cambio implica la redistribución de los médico psiquiatras a los diferentes servicios. El compromiso de garantizar la atención a los pacientes es firme. “Los pacientes que acuden a nuestro centro son asistidos y reorientados a otros servicios”, aseguró el Dr. Buggenthin.

Una de las claves de este nuevo enfoque es la orientación hacia servicios ambulatorios y el fortalecimiento de los lazos sociales. Según lo establecido en la Ley N° 7018, “se busca promover un abordaje interdisciplinario e intersectorial, priorizando la atención primaria de la salud. En este sentido, el Hospital Psiquiátrico se transformará en un Centro de Atención de Urgencias Psiquiátricas, como parte de un modelo desconcentrado de atención en salud mental”.

Además, implementó un sistema de coordinación para dirigir a los pacientes hacia los servicios más adecuados, según su situación y lugar de residencia. Para el efecto, se utiliza el Directorio de Salud Mental, que cuenta con el listado profesionales en salud mental que brindan atención en el sector público.

“Nuestro objetivo es garantizar que cada paciente reciba la atención que necesita en el servicio de salud más cercano a su domicilio”, afirmó el Dr. Buggenthin.

Estos cambios, que se han evidenciado desde principios de este año, marcan un importante paso en la atención descentralizada de la salud mental en el país.

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Por Cinthia Mora

El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presen­taba una “denuncia” en contra del expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recep­cionar denuncias sobre pre­suntos hechos punibles.

Ese mismo día, el Poder Eje­cutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.

Ese mismo mes, específica­mente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Car­tes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la fil­tración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.

Los cuadros de salarios de Peña y Boidanich fueron filtrados del “corazón” de la Seprelad. Un correo interno prueba que la planilla fue incorporada luego al informe de inteligencia contra Cartes

Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría ges­tado así uno de los mayores operativos de persecución política era cada vez más evidentes. El hecho de otor­gar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bas­tante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coor­dinar y ejecutar el operativo de filtraciones.

Estos episodios de filtracio­nes quedaron “oficialmente” inaugurados con la denun­cia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algu­nos funcionarios de la Sepre­lad, dedicados a la elabora­ción de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.

La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funciona­rios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funciona­rios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.

Tras su mediática presenta­ción, el exministro Giuzzio contó con la abierta cola­boración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arre­gui y Carmen Pereira, quie­nes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Hora­cio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar prés­tamos ni en la Seprelad ni en el BCP.

Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publi­caban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en for­matos especiales y sin la codi­ficación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.

EN MANOS DE LA CORTE

Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelacio­nes. Los camaristas recusados por la defensa de los imputa­dos son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.

El abogado Felino Amari­lla, defensor de Carlos Arre­gui, uno de los imputados, recusó a los tres integran­tes de la Cámara de Apela­ción por supuesta imparcia­lidad y falta de independencia debido a que la defensa desco­noce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apela­ción. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el pre­sente caso.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó una advertencia a la ciudadanía sobre la circulación de ofertas laborales fraudulentas en internet.

A través de un comunicado, la institución indicó que estas propuestas pueden parecer atractivas inicialmente, pero a menudo están vinculadas a actividades delictivas.

Para protegerse, el ministerio recomienda evitar hacer clic en enlaces de procedencia dudosa, no proporcionar información personal sin confirmar la legitimidad de la oferta, realizar una investigación exhaustiva antes de proporcionar cualquier tipo de referencia personal o profesional, y verificar la veracidad de las ofertas laborales, comprobar la existencia de la empresa que las publica y, si fuera necesario, buscar asesoramiento de expertos antes de aplicar a cualquier posición, ya sea dentro o fuera del país.

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