Cincuenta y ocho años pasaron desde que en 1961 el abogado inglés Peter Benenson, lograra mediante la recolección de gran cantidad de firmas la liberación de dos estudiantes que fueron presos tras brindar por la libertad. Aquel acontecimiento marcó el inicio de Amnistía Internacional, actualmente con 7 millones de miembros en todo el mundo.

Con la investigación, al incidencia, la educación y la movilización de derechos humanos, AI activa en nuestro país desde tiempos de la dictadura, de la mano de cinco personas de manera confidencial.

“Documentaban casos y remitían en la sede central en Londres y a partir de ahí se llevaba adelante la defensa de las personas violentadas. Fueron más de 500 casos en durante el régimen”, expresa Rosalía Vega, Directora Ejecutiva de AI en Paraguay.

A lo largo de los años y ya en la era democrática, la organización sigue enfrentando diversas dificultades para impulsar la defensa de los derechos humanos, como los grupos conservadores o fundamentalistas que, a palabras de la directora, actúan con aquiescencia del Estado, fomentando discursos del odio.

“La labor de Amnistía Internacional se centra en exigir a los Estados que cumplan en su rol de garante de los derechos humanos, el trabajo va relacionado a crear políticas públicas, en ese ámbito realizamos varias acciones, en la que entran movilizaciones, sentatas y marchas, en las plazas y oficinas de autoridades”, comenta María José Garcete, Gerente de Acción de AI.

Los derechos de las niñas y niños, de las mujeres, el de los pueblos indígenas y la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros/ transexuales e intersexuales), son algunas de las principales preocupaciones de la organización. “La meta de Amnistía es el cambio en la vida de las personas que están siendo violentadas en sus derechos”.

Ambas destacan la solidaridad internacional: “Cuando en Paraguay pasa algo, miles de activistas se movilizan en el mundo”. En ese sentido AI también se ocupa de formar defensores y defensoras de derechos humanos, para ello imparten educación en derechos humanos, talleres, charlas y en colegios y universidades.

Así también, recurren al arte como herramienta fundamental para extender su mensaje y hacer activismo, a través del teatro y sus exponentes principalmente. “Nos ayuda a amplificar las voces de las víctimas”, dice Rosalía.

Vega y Garcete cuentan que cada caso en los distintos países requiere de un proceso de investigación y en lo que hechos respecta, recientemente se dio uno al que consideran paradigmático. Se trata de la presentación de la Acción de Incostitucionalidad con relación de la resolución de la Junta Municipal y el Intendente de Hernandarias, Rubén Rojas, de prohibir la manifestación de la comunidad LGBTI en la ciudad.

Esta acción representa el primer litigio de Amnistía Internacional en Paraguay.

“Nos quieren echar del país, pero AI va a estar siempre al lado de las personas que necesitan, no distingue orientación religión, edad y raza. Paraguay no puede seguir negando derechos a las personas”, remarca María José.

Rosalía resalta la importancia de las personas conozcan los mecanismos para recurrir ya sea a nivel nacional e internacional en caso de no encontrar justicia. “En Paraguay tenemos un freno en la educación. Es una obligación del Estado garantizar la educación sobre derechos con un enfoque de igualdad y sin discriminación, basada en la ciencia y no en la cuestión religiosa”.

Uno de los grandes desafíos de AI nuestro país es la restitución de los derechos para los pueblos indígenas, la cual se da por la falta de prioridad por parte de los sucesivos gobiernos, además de los derechos de las niñas y los niños. “El Estado paraguayo no está pudiendo prevenir casos de abusos sexuales en menores”.

La ciudadanía puede ser parte de Amnistía Internacional y sumarse al activismo. Están disponibles distintas plataformas como las redes sociales y el sitio web.

“Los estados tienen que tomar decisiones difíciles pero lo tienen que hacer porque tienen que comprender que su acción u omisión tienen efectos de manera de directa en la vida de la gente”, finaliza Rosalía Vega.

Los colectivos de diversidad sexual convocaron para este viernes a una protesta frente al ministerio de Salud, en el centro de Lima, para exigir la derogatoria de la norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros.

La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

- El decreto -

Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Desde 2021 dicho plan incorpora las enfermedades mentales.

Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, por ejemplo, casos de acoso, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo.

Sin embargo, la clasificación que empleó en el decreto, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un “trastorno mental”, un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigente desde ese año.

“El gobierno tenía una buena intención, que era ampliar el acceso (a cobertura), pero visibilizó un diagnóstico que ya no se debería usar”, señaló a la AFP Carlos Cáceres, vicedecano de salud pública en la universidad Cayetano Heredia.

- ¿Qué dice el gobierno? -

En un comunicado posterior al decreto, el ministerio de Salud aclaró que no considera como enfermedades la “diversidad de género y sexual”.

“Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual”, señaló el organismo.

Según explicó en el mismo mensaje, al actualizar el PEAS utilizó la clasificación de la OMS que sigue vigente en Perú a la espera de que “se inicie la implementación progresiva” del nuevo manual de enfermedades, “tal como ocurre en otros países”.

- ¿Qué piensan los grupos de diversidad sexual? -

Más allá de la aclaración del ministerio de Salud, las organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual exigen la derogatoria de la norma.

“Estamos pidiendo derogar este decreto transfóbico, violento y que va contra nuestras identidades como personas trans en el Perú”, dijo a la AFP Gianna Camacho, vocera de la Coordinación Nacional LGTBIQ+.

“No somos enfermas mentales, ni tenemos ningún trastorno mental”, replicó la dirigente.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización.

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

- Un temor mayor -

En opinión de la comunidad LGTBI, la norma encierra un riesgo todavía mayor que el de la discriminación.

“Diciendo que soy enfermo me están patologizando, es el riesgo más grande porque abre las puertas para validar las terapias de conversión”, señala a la AFP el médico y activista Percy Mayta.

Dichas prácticas, que organismos de Naciones Unidas equiparan con torturas, no están penalizadas en Perú.

También HRW cree que el decreto “podría dar legitimidad” a las mal llamadas terapias de conversión y “agravar los  problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país”.

Ante esos temores, el ministerio de Salud insistió que la orientación sexual y la identidad de género “no deben ser sometidas a tratamiento o atención medica ni a las llamadas terapias de reconversión”.

Sin embargo, para los grupos LGTBI solo la derogatoria de la norma conjuraría los potenciales riesgos.

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“Amo que acabo de experimentar homofobia en Paraguay. Estaba de la mano con mi novio en el Shopping del Sol y vino el jefe de seguridad Ruben Achar a decirnos que hubo una queja de un señor porque estábamos caminando de la mano”, expresó Landó a través de su cuenta de X.

El joven estaba formando fila en una cafetería cuando se dio la llamativa situación, en compañía de su pareja, Alejandro Benítez, quien también realizó su descargo en su cuenta de Instagram.

Relató que es la primera vez que vive una experiencia como esa en un shopping y lamentó que todavía las personas manifiesten de esa manera su rechazo y homofobia.

Tras la denuncia del mediático en X, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos relataron hechos similares en el mismo lugar, no solo por homofobia.

Uno de los comentarios menciona que el shopping es intolerante a los animales. Además, hay denuncias por supuesta discriminación racial que también se habría cometido en el centro comercial.

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Los diputados aprobaron con una mayoría de 170 sobre 329 escaños una serie de enmiendas a una ley antiprostitución de 1988, que también criminaliza a las personas transgénero.

Un borrador previo proponía la pena capital para las relaciones entre personas del mismo sexo, algo criticado por los activistas LGTBQ como una “peligrosa” escalada en un país donde esta comunidad ya es objeto de discriminación y ataques.

Las nuevas enmiendas establecen penas de entre 10 y 15 años de cárcel por mantener relaciones sexuales homosexuales, según el documento visto por la AFP.

También imponen un mínimo de siete años de cárcel por “promover” la homosexualidad y una pena de entre uno y tres años para los hombres que “intencionalmente” actúen como mujeres.

Las enmiendas también criminalizan “el cambio de sexo biológico basado en el deseo” y castigan a las personas transgénero y a los doctores que participen en cirugías de cambio de sexo con hasta tres años de cárcel.

La homosexualidad es tabú en la conservadora sociedad iraquí, pero hasta ahora no existía una ley que castigara explícitamente las relaciones entre el mismo sexo.

Aun así, miembros de la comunidad LGTBQ eran perseguidos por acusaciones de sodomía u otros tipos penales vinculados a la moralidad y la prostitución.

“Irak ha traducido en ley la discriminación y la violencia a las que los miembros de la comunidad LGBTI han estado sometidos con absoluta impunidad durante años”, dijo Razaw Salihy, investigadora por este país en Amnistía Internacional.

“Las enmiendas que afectan a los derechos LGBTI son una violación de los derechos humanos fundamentales”, denunció.

Según el diputado Raed al Maliki, que avanzó las enmiendas, “la ley sirve como medida preventiva para proteger a la sociedad de estos actos”, dijo a la AFP.

La aprobación se aplazó hasta después de la visita del primer ministro Mohamed Shia al Sudani a Washington este mes para evitar que la ley, criticada en Estados Unidos y la Unión Europea, impactara en ese viaje.

El Departamento de Estado estadounidense expresó preocupación por la ley y advirtió que “mina los esfuerzos de reforma política y económica de gobierno”, dijo su portavoz Matt Miller.

© Agence France-Presse