El subcomisario Rubén Bazán, de la comisaría 2da. de Fernando de la Mora, informó a la radio Universo que el martes pasado fue presentada una denuncia ante la Fiscalía contra el docente, cuya identidad no fue dada a conocer, por supuestamente haber abusado de una niña. Tras esto, al parecer, fueron presentadas otras dos denuncias similares.

El uniformado refirió que ante la aparición de más acusaciones, el fiscal interviniente dispuso la detención del sospechoso. Los policías fueron hasta su vivienda, pero no lo encontraron. En la tarde del jueves, el propio maestro fue con su abogado hasta la sede del Ministerio Público para ponerse a disposición de los investigadores.

Bazán mencionó que el sujeto está actualmente privado de su libertad, por orden fiscal, a la espera de la decisión de un juez que debe imponerle las medidas.

MANIFESTACIÓN FRENTE A LA INSTITUCIÓN

Varias madres de alumnos de la escuela donde habrían ocurrido los abusos denunciaron que las autoridades educativas no brindan informaciones de lo ocurrido. Piden la presencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Las manifestantes señalaron que el docente en cuestión fue contratado de manera externa para dar las clases de ajedrez, pero que nunca fueron informadas de esto. “Como padres tenemos el derecho que nos llamen a darnos una explicación”, insistieron sobre los casos denunciados.

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Padres de la escuela República Dominicana en Fernando de la Mora, se manifiestan, ante denuncia de supuesto abuso de docente a niña.

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En entrevista con el canal GEN, el Abg. Víctor Enríquez, de la Contraloría Ciudadana, expuso que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, alcanzó la denuncia número 39 en su contra. En esta oportunidad, fue presentada una nueva acusación por presunta malversación de fondos para ollas populares. “Esta es la denuncia número 39, de las cuales la Contraloría Ciudadana completó la número 15. En este hecho es una burla apropiación del dinero público. Crearon supuestamente comisiones, que solicitaron fondos para realizar ollas populares, sin embargo, las documentaciones a las cuales hemos accedido, por vía del acceso a la información pública, nos demuestra que esa plata solamente se retiró a los efectos de apropiarse de ella y las documentaciones presentadas son absolutamente de contenido falso”, indicó.

De acuerdo con el denunciante, en este concepto fueron desviados del municipio 311 millones de guaraníes, mediante estas dos subcomisiones, conformadas por la pareja Lumma Magdalena Silva Battochi y Juan Esteban Quiroga Cañete, ambos actuales funcionarios de la comuna esteña.

Lumma Magdalena Silva Battochi es la misma que estaba vinculada a una discoteca que se transformó en constructora para facturar por obras. Según la denuncia, ambos crearon dos subcomisiones entre marzo y mayo de 2020. Quiroga Cañete aparecía como presidente de la comisión de apoyo a voluntarios de ollas populares de Ciudad del Este, mientras que Silva Battochi aparece encabezando la subcomisión de apoyo a voluntarios organizados de Ciudad del Este. Según la denuncia, la tesorera de Quiroga es su propia suegra, mientras que el síndico de Silva Battochi es su hermano.

En este caso, se sospecha del desvío de recursos municipales que habrían sido entregados a estas dos comisiones vecinales y que debían ser destinados a la compra de insumos para ollas populares. En uno de los casos detectados, llamativamente se realizó la rendición de cuentas y hasta la publicación de las fotografías donde se muestra a la gente almorzando en el mismo día en que fueron entregados los cheques.

“Todo fue en el mismo día. El 30 de diciembre retiraron el cheque y el 30 de diciembre ya presentaron la rendición de cuentas y aparecen fotos que ya sido utilizadas en una rendición de cuenta de una subcomisión anterior del 2 de abril del año 2020, fotos de personas comiendo de las marmitas que supuestamente distribuían. Todas esas fotos siguieron la firma del concejal municipal Sebastián Martínez Insfrán”, dijo Enríquez.

Sobre la participación del intendente Miguel Prieto en todo este esquema, el entrevistado dijo que el mismo es el ordenador de gastos de la institución, por lo tanto responsable directo del desvío de fondos, además él aprobó la creación de las comisiones vecinales y liberó los desembolsos a las mismas.

Por otro lado criticó que el intendente esteño festeje la denuncia en su contra. “Veo lo ridículo. Él está festejando, y vemos que el concejal municipal Oscar “Café” (González) está festejando con él. El contralor del municipio está festejando con el denunciado corrupto la denuncia 39″, indicó.

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Los robos en la modalidad conocida como “bolsonera” llegan a cifras siderales de dinero, que quitan toda calificación de bagatelarios, que como se sabe, no tiene penalización alguna.

“Las pérdidas de las tiendas que sufren este tipo de robos, son alrededor de 2.400 millones de guaraníes mensuales. En promedio estos robos por mes causan un perjuicio de casi 10 millones de guaraníes a cada local asociado al gremio”, dijo Caje, al ser abordado respecto a cifras de los golpes perpetrados por quienes entran a comercios y roban prendas. Ello representa aproximadamente el 50% de la ganancia neta de un año, dijo.

Los robos de esta naturaleza, sumado a los miles de episodios que se dan a diario, acotó, determinó la formación de clanes que se dedican exclusivamente a ese negocio ilícito.

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Esta modalidad importada de otros países -puntualizó- se volvió común en el país hace 30 años. “Y son como 10 a 15 familias que se dedican a esos robos sistemáticos. Los productos robados generalmente son vendidos en ferias y en comercios”, significó.

“Se volvió un verdadero negocio para esas personas que aprovechan la laguna gris que había en la legislación y les dejaba casi impunes”, expresó, al tiempo de indicar que sus niveles de organización son tales, que hasta abogados cuentan los que operan ilegalmente.

Finalmente Caje resaltó la promulgación de la ley que amplía la pena para los robos bagatelarios. Esta modificación bautizada como ley antibolsoneras, apunta a desmotivar esas actividades ilícitas.

La modificación del artículo 172 del Código Penal reduce el monto para que un robo sea considerado bagatelario de 10 a 5 jornales mínimos, esto es alrededor de 600.000 guaraníes. A partir de robos de este monto, ya es sometido al ámbito de la Fiscalía.

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Un terrible caso de fallecimiento de una bebé conmociona a la ciudad de Encarnación, Itapúa, sobre todo por las penosas condiciones en que llegó la menor hasta el hospital.

El doctor Rubén Román, jefe médico del Hospital Regional de Encarnación, manifestó a Nación Media que ayer en horas de la mañana recibieron a una niña de 1 año y 8 meses de edad ya sin signos de vida.

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Tras ser atendida en primera instancia por el médico de guardia, se procedió a la reanimación de la pequeña durante varios minutos, aunque lastimosamente los intentos fueron en vano.

Según el profesional, la menor ya llegó al centro asistencial en grave estado y sin signos vitales. Al hacerle una revisión, se percataron que tenía lombrices en la zona de las vías respiratorias, constatándose también un cuadro de desnutrición, ascariasis y neumonitis.

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Según se presume, la bebé -oriunda de la zona conocida como “Villa Mosquito”- falleció a consecuencia de una broncoaspiración después de tragar comida y vómito, menciona el informe de la corresponsal Rocío Gómez.

Las autoridades del Hospital de Encarnación pusieron en conocimiento de lo ocurrido a la Policía Nacional y el Ministerio Público, a fin de impulsar una investigación sobre la muerte de la niña.